Por Delia Ferreira Rubio (Transparencia Internacional)
En las PASO de este año, el elector se enfrentará a un verdadero mar de boletas en el cuarto oscuro. No se trata solo de las candidaturas nacionales.
En los distritos como la Provincia de Buenos Aires que no adelantaron las elecciones provinciales el panorama será aún más complejo.
Para las categorías de cargos nacionales, hay 15 partidos políticos o alianzas electorales que presentan 27 fórmulas presidenciales. Casi triplica el número de candidatos de las PASO 2019, donde compitieron 10 fórmulas.
Y si esto le parece mucho -amigo elector- piense que hay 237 listas para diputados nacionales y 84 listas para senadores nacionales (y solo 8 provincias eligen senadores).
Sume a esto 230 listas para candidatos a parlamentarios del MERCOSUR. Para cubrir 197 cargos nacionales se presentan 5.076 precandidatos en las listas de 91 agrupaciones políticas.
No se trata de un brote de vocación por el servicio público, ni de la demostración del involucramiento de la ciudadanía en la política, ni del crecimiento de la confianza de los ciudadanos en los dirigentes.
Desconfianza
Los datos del Latinobarómetro muestran el creciente desapego ciudadano por la política, la falta de confianza que generan los partidos y los dirigentes y las recientes elecciones provinciales han puesto de manifiesto el aumento de la abstención electoral.
Y entonces, ¿por qué tantos partidos y por qué tantas listas? Algunas agrupaciones son absolutamente desconocidas y ni qué decir de la mayoría de los 27 candidatos a presidente, a los que estamos viendo en la publicidad que paga el Estado a todos los competidores.
Llevamos casi tres semanas viendo y escuchando avisos de este tenor “Soy Juancito, y voy a solucionar todos tus problemas. Vótame”, o “Soy Pepita. El país necesita una presidenta como yo”. Obviamente a Juancito y a Pepita los conoce solo su familia y no estoy segura de que los vayan a votar.
La razón de esta proliferación de partidos y listas es muy sencilla. En ambos casos la respuesta es: un muy lucrativo negocio.
Un negocio para los “dueños” de esos partidos que son solo un sello de goma, sin ningún arraigo en la sociedad. Los partidos registrados reciben fondos públicos tanto para su mantenimiento institucional, como para las campañas electorales, en las PASO y en las elecciones generales. Constituir un partido político es relativamente fácil.
Creo que ha llegado el momento de revisar la legislación que regula a los partidos y su financiamiento.
Es claro que hay que equilibrar el mandato constitucional de contribuir al sostenimiento de los partidos con la necesidad de evitar abusos y terminar con un negocio que no tiene nada que ver con el fortalecimiento de la democracia.
Hay que hacer más exigentes los requisitos para crear y sostener partidos y hay que vincular el grueso de los fondos públicos al arraigo de los partidos en la sociedad, en función de los votos obtenidos, y no a la mera registración de la agrupación.
Aporte por boleta
La segunda parte del negocio se refiere a la impresión de las boletas. Un lucrativo negocio para los “dueños” de estos partidos inventados y también para las imprentas contratadas por estos partidos.
El Estado distribuye entre todos los partidos que compiten en una elección un aporte por boleta. En nuestro sistema, son los partidos los encargados de imprimir las boletas electorales.
En el caso de las PASO, la ley dice que el aporte es igual para todos los partidos -sin importar si son grandes o pequeños, nuevos o viejos- y que corresponde al monto necesario para imprimir una boleta por el número de votantes en el padrón en cada distrito.
Los electores en el padrón para este año son 35,394,425. Y por cada tramo de la boleta (cada categoría de cargo) que el partido presenta se pagan $2,92.
¿Les parece mucha plata, sobre todo para partidos que sacarán muy pocos votos? Pues el negocio de las boletas no termina ahí.
Hace algunos años algunos partidos reclamaron que tenían derecho a recibir esa suma, no por agrupación, sino por cada una de las listas que presentaran. La Corte Suprema les terminó dando la razón, creando con eso un incentivo espectacular para la proliferación de listas.
Negocio
En total, el Estado desembolsará en concepto de aporte por boleta para las PASO $11.433 millones.
El negocio de las boletas se solucionaría fácilmente -y con menos gasto para el Estado- si se adoptara el sistema de boleta única de papel, como el que existe en Santa Fe y en Córdoba y que es el sistema más utilizado en el mundo.
Dos incentivos sumados para los partidos-sellos-de-goma. Dinero público por crear el partido y más dinero público por presentar listas de candidatos; cuantas más listas, más negocio. Adicionalmente, como ni de cerca tendrán muchos votos, arreglan con alguna imprenta, imprimen menos boletas y se quedan con el resto.
Este año la Cámara Nacional Electoral ha anunciado que aplicará controles más estrictos para evitar abusos. Si se pueden introducir correcciones para acabar con estos negocios, ¿por qué no se implementan?
El problema es que son los políticos en el Congreso y en el Ejecutivo los que tienen que votar y promulgar las leyes necesarias. Probablemente el volumen del abuso y la visibilidad del derroche de fondos públicos que se ha alcanzado en esta ocasión, sumado al hartazgo de la ciudadanía frente a la política, genere la oportunidad de discutir estas reformas. Ya es hora.
¿Quién es Delia Ferreira Rubio?
En 2017, la argentina Delia Ferreira Rubio fue elegida como presidenta de Transparencia Internacional (TI), ONG que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Fue reelecta para un segundo mandato en 2020.
Ferreira Rubio es cordobesa y se graduó con honores como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de esa provincia. Luego obtuvo el grado de Doctora en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid con su tesis sobre “La buena fe como principio general del Derecho”, según destaca su página oficial.
Tras retornar al país con la llegada de la democracia, trabajó como asesora de diputados y senadores. Fue miembro de Poder Ciudadano, asesora de la Auditoría General de la Nación y trabajó para la OEA, el PNUD y el BID, entre otros organismos.
Rubio es consultora internacional de larga trayectoria en temas de integridad, valores y Estado de Derecho. Es autora de numerosas publicaciones sobre transparencia en el financiamiento de la política, ética pública y ha llevado adelante proyectos de auditoría y lucha contra la corrupción en Nicaragua, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Honduras y Jamaica.
