El 12 de junio de cada año tenemos la oportunidad de fomentar y coordinar las iniciativas entre gobiernos, empresas, gremios, la sociedad civil, los medios de comunicación y muchos otros actores locales, como escuelas y municipios, en la lucha contra el trabajo infantil.
Según la Unicef, “la inserción laboral temprana vulnera varios derechos, perpetúa el ciclo estructural de pobreza de los niños y sus familias y, fundamentalmente, tensiona el cumplimiento efectivo del derecho a una educación de calidad, ya que las trayectorias y el rendimiento educativo de los niños, niñas y adolescentes que trabajan se ven afectadas en mayor proporción que aquellos que no lo hacen”.
En el caso de Argentina, de acuerdo al Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, hay más de un millón de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan.
En nuestro país, que un niño o niña trabaje, de manera remunerada o no, constituye un delito y una violación de derechos. Y aunque el cambio cultural está en marcha, y además a cierta velocidad, lo cierto es que el contexto social de pobreza creciente no contribuye a erradicar el flagelo.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas alerta que unos 168 millones de niños son víctimas del trabajo infantil en el mundo y que los menores desplazados o refugiados en otros países a causa de guerras, persecuciones, hambrunas o desastres naturales son particularmente vulnerables a la trata y al trabajo infantil. Y en el mundo, más de 1.500 millones de personas viven en países afectados por conflictos, la violencia o la inestabilidad, según Unicef.
En ese contexto, la Meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº8 de la ONU tiene por objeto “asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil” y “a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
Un desafío demasiado amplio para el corto plazo autoimpuesto y que por ello permite avizorar que, lamentablemente, este Día seguirá en agenda durante bastante tiempo más.
