La alta inflación que vive la Argentina también repercute en las elecciones nacionales.
En una reciente publicación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) se analizaron las cuatro decisiones administrativas (DA) que se emitieron en 2023.
Las DA responden a la necesidad de modificar el presupuesto aprobado por el Congreso y pueden implicar el aumento, la disminución o la resignación de los créditos y recursos presupuestarios previstos inicialmente.
De las cuatro DA que salieron en lo que va del año, sólo una modifica el presupuesto del Ministerio del Interior, la DA 356 de mayo.
Esto resulta sumamente importante al momento de analizar un área clave en un año electoral, y que se expresa en la magnitud de recursos asignados a la política electoral, rondando el 40% de los recursos totales de la jurisdicción.
Precisamente, en el ámbito del Ministerio del Interior, funciona la Dirección Nacional Electoral (DINE), organismo técnico del Poder Ejecutivo que tiene a cargo la programación, organización y ejecución de la política y administración nacional electoral.
A su vez, la DINE trabaja en coordinación con la Justicia Nacional Electoral (que depende del Poder Judicial), las jurisdicciones provinciales y municipales, el Comando General Electoral (órgano transitorio del Poder Ejecutivo) y el Correo Oficial de Argentina.
Ajuste del 64%
En un análisis desagregado de la DA 365 de mayo, se verifica una modificación presupuestaria del Ministerio del Interior de $40.365 millones, que se traduce tanto en aumentos en algunas actividades como reducciones en otras y que equivale a un incremento del crédito inicial del 40% para toda la jurisdicción, informó el viernes El Economista.
Del total de este ajuste administrativo interno, $35.120 millones corresponden a gastos en política electoral, específicamente al programa “Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático y Relaciones con la Comunidad”, que pasó de un crédito inicial de aproximadamente $56.377 millones a un crédito vigente de $91.498 millones, y con un nivel de ejecución del 20% ($18.590 millones).
La totalidad de los $35.120 millones fue reasignada a la acción “Ejecución de actos electorales”, que asciende a $90.367 millones como recursos disponibles, equivalente a un aumento del 64% respecto a la asignación presupuestaria inicial.
Gasto destinado a los partidos
Un informe realizado por la Fundación Éforo puso el foco en el gasto público destinado a los partidos y a la política nacional electoral de los últimos 15 años y expuso cómo evolucionó la erogación del Estado en este escenario.
Además, el documento, cuyo acceso es abierto, precisó el costo estimado de las presidenciales y cuál fue la más cara desde 2007.
Según el informe ciudadano, entonces, se duplicaron los costos de las elecciones nacionales en los últimos 15 años.
El gasto destinado a partidos políticos y política electoral (GPPyE) pasó de $30.000 millones (0,04% del PBI) en 2007 a $50.360 millones en las siguientes elecciones (entre 0,05% y 0,08% del PBI), señala la fundación.
“Este incremento se explica sólo de forma parcial por la instauración de las PASO”, aclaran.
El documento difundido por Éforo, precisó, se propuso conocer y analizar la trayectoria del gasto público destinado al funcionamiento de los partidos políticos y a la ejecución de la política electoral a nivel nacional, con especial énfasis en indagar el Gasto destinado a los partidos políticos y a la política electoral (GPPyE) necesario para llevar a cabo la política electoral desplegada por el Estado Nacional.
“Es decir, el conjunto de erogaciones destinadas a financiar la actividad ordinaria de las agrupaciones políticas del país, el gasto electoral de los partidos políticos y los gastos que demanda llevar a cabo elecciones nacionales, tanto presidenciales como legislativas”, indicaron.
La más cara desde 2007
¿Cuánto cuesta una elección presidencial promedio y cuál fue la más cara desde 2007?
Según el informe ciudadano, una elección presidencial -en promedio- ronda los $47.523 millones, mientras que las de término medio alcanzan una media de $41.730 millones.
La elección presidencial 2015, a su vez, fue la más cara con $62.975 millones asignados por el Estado al proceso electoral en el que hubo segunda vuelta, seguida por la de 2011, en la que se ejecutaron alrededor de $58.296 millones.
La investigación abarca el período 2007-2022 y fue realizada en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogar 2021 del INDEC; el Presupuesto Abierto y Presupuesto Nacional 2023 y datos Abiertos del Ministerio de Desarrollo Social.
“Debido a que los montos de gasto no resultan comparables a lo largo del período a causa de la inflación, todos los valores se expresan a precios constantes del año 2022”, aclara el informe ciudadano ante el escenario económico volátil del país.
Topes para los gastos de campaña electoral
La Cámara Nacional Electoral estableció en febrero el límite de gastos que podrán realizar los partidos políticos para sus campañas en las elecciones nacionales de este año: para las generales de octubre el monto se fijó en $2.012.897.820 para la categoría de presidente y la mitad -ya que así lo establece la ley- para las elecciones primarias de agosto, 1.006.448.910.
La cantidad de dinero que los partidos políticos podrán gastar es más del doble del que se había establecido para las elecciones legislativas de 2021. Va en línea con la inflación. Se establece a través de lo que se conoce como módulo electoral.
Para los comicios de 2021 fue de $20,50 y para los de este año de $56,82 y se establece según la cantidad de electores de cada provincia y de todo el país según el padrón electoral.
En junio se volverá a ajustar el monto. “Pero la variación es muy poca”, explicó una de las fuentes consultadas a Infobae.
Los $1.000 millones para las elecciones de agosto y los 2.000 para las de octubre es para los partidos políticos que presenten candidatos a presidente.
Si hay un ballotage, el monto para esa campaña será el mismo que para las elecciones primarias, $1.006.448.910.
¿Y los debates presidenciales?
Los debates son previos a las elecciones generales y se deben realizar 20 días antes de los comicios.
Este año, el primero tendrá lugar el 1 de octubre en la Universidad de Santiago del Estero en la capital de esa provincia, y el segundo el 8 de octubre, en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA, en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde que fueron incorporados al Código Electoral en 2016, los debates son obligatorios por ley para los candidatos a presidente de la Nación previos a las elecciones generales.
La organización de los debates está a cargo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y su costo ascenderá a $235 millones.
El monto presupuestado para los tres debates es un 48% más, a valor actualizado por inflación, al fijado para los debates en 2019.
En caso de haber segunda vuelta, se haría nuevamente en la Facultad de Derecho el 12 de noviembre y la partida presupuestaria es de $70,5 millones.
Los candidatos que no se presenten serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual para su campaña electoral. La transmisión será a través de la TV Pública.
¿Cuánto recibe cada partido?
Los partidos políticos cada vez reciben menos dinero, de acuerdo al informe realizado por la Fundación Éforo.
“Si miramos la evolución del Fondo Partidario Permanente (FPP), observamos que a partir del 2019, comienzan a decrecer los recursos asignados al fondo, siendo el 2022 el año en que se llega al piso histórico de $251 millones destinados a transferencias del Estado Nacional a los partidos políticos”, indica el trabajo.
La mayoría de los recursos, a su vez, se destinan a salarios, pago al Correo Argentino y diversos tipos de transferencias al sector privado. “En conjunto, representaron el 84% en 2022”, indica el documento ciudadano.
En este aspecto, el trabajo realizado por la fundación Éforo se encargó de advertir sobre la “falta información desagregada”.
“Es importante destacar que poco se sabe a partir de la información pública disponible sobre estos rubros. Por ejemplo: los pagos al Correo Argentino figuran como ‘servicios comerciales y financieros’ y no están desagregados, y bajo el concepto de Transferencias se abarca desde el pago de horas extras a la Justicia hasta el financiamiento a partidos para la campaña electoral”, precisó el informe ciudadano.
Más controles sobre el gasto de boletas
La Cámara Nacional Electoral dispuso en una acordada firmada el 23 de mayo extremar los controles sobre la rendición por parte de las agrupaciones políticas y sus distintas listas internas del gasto en impresión de boletas, solventadas con los fondos que les da el Estado para tal fin. El objetivo es evitar que parte de ese dinero se destine a otro finalidad.
En ese sentido, resolvió no solo pedirles a las distintas listas que compiten en las PASO para cargos nacionales y que reciben dinero público para imprimir sus boletas que presenten las facturas respectivas -algo que ya venía haciendo la Justicia Electoral hasta ahora-, sino además poner a partir de estas elecciones la lupa también sobre las propias imprentas contratadas.
¿Por qué?
Porque los auditores de la CNE detectaron, a partir de 2015, que hay agrupaciones nuevas sin antecedentes, que presentan múltiples listas y que por cada una de ellas reciben fondos públicos por un monto equivalente a un padrón nacional o distrital, según se trate de precandidatos a presidentes o legisladores nacionales.
En los fundamentos de la acordada, los camaristas Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas advirtieron “que en los procesos de control patrimonial de las campañas electorales se advierte -con cierta frecuencia- la existencia de anomalías en la rendición de gastos del aporte público para la impresión de boletas de votación”.
“Es un rubro que siempre se controló porque hay partidos, especialmente los chicos, que denunciaban que le robaban las boletas en el cuarto oscuro, y resulta que no siempre gastaban todo el aporte público para la impresión de boleta, como marca la ley, sino que usaban parte de ese dinero para otros gastos de campaña. Pero la realidad es que se tenía que tomar por válida la factura presentado ante la imposibilidad de ir a controlar físicamente a la imprenta”, explicaron desde la Justicia electoral a Infobae.
Hasta ahora, el control efectuado por la Justicia Electoral de primera instancia y la Cámara recaía sobre la agrupación política o la lista interna de cada alianza electoral, y bastaba solo la factura de una imprenta en la rendición del gasto de las boletas pagadas con fondos públicos.
Fuente: Medios Digitales
