Día a dí́a tomamos más conciencia acerca de la necesidad de cuidar los ecosistemas, no sólo por respeto sino como una medida de autopreservación de la especie humana.
Habiendo celebrado el día de la Tierra y en este marco de trabajo, comparto con ustedes algunas reflexiones para abordar la conflictividad que se plantea al respecto.
Los conflictos socioambientales suelen caracterizarse por la dificultad en la toma de decisiones de los organismos competentes para determinadas iniciativas o actividades asociadas al riesgo ambiental, lo que ademá́s de encarecer, retrasar o impedir su ejecució́n, suelen precisar intervención judicial para atender las demandas impuestas por individuos o grupos sociales interesados y afectados.
Ello sumado al creciente nú́mero de situaciones que desembocan en conflictos socioambientales, con la consecuente repercusió́n en el desarrollo sostenible territorial, justifican la necesidad de aplicar metodologí́as de intervención extrajudicial para una eficaz gestió́n y resolució́n, así́ como en estrategias para anticiparse a su generación y consolidación en escenarios proclives.
Gestionar mediante el diálogo, no sólo facilita el cumplimiento de estos fines prioritarios del Estado sino que fortalece las instituciones, la organizaciones y a los ciudadanos, quienes, trabajando en forma conjunta cuentan con más herramientas para lograr el objetivo comú́n del cuidado del medio ambiente.
El punto de partida sin duda, es la participación ciudadana que permite la integración del particular en la toma de decisiones, fiscalización, control y ejecución de las acciones acordadas.
En este sentido, existen tres preguntas básicas que nos sirven de guía a la hora de gestionarla: ¿Quiénes deben participar?, ¿cómo lo harán? y ¿para qué lo harán?:
– ¿Quiénes deben participar? Esta pregunta se responde mapeando el conflicto. La idea es identificar quiénes son las partes interesadas, quiénes los afectados, cuáles son sus capacidades y quiénes podrían contribuir con el diseño, planificació́n o evaluación del conflicto. El éxito de esta etapa consiste en identificar quiénes se relacionan y conocer qué fortalezas tienen para potenciar sus recursos.
– ¿Cómo lo harán? Esta pregunta nos lleva a trazar el camino que transitaremos para la gestión del conflicto. Establecido el marco legal, se pueden aplicar procesos como la mediació́n o facilitación que, con herramientas comunicacionales como la escucha activa y la exploración de intereses, entre otras, permitirán reconocer, distinguir y validar argumentos, sentimientos y emociones presentes siempre en los conflictos y acordar los pasos a seguir. De esta manera, al sentirse protagonistas de las respuestas que pudieran ir surgiendo, las partes se irán apropiando del proceso. Esta respuesta debe previsionar también qué podrían hacer las partes para el caso de incumplimiento de los acuerdos y la siempre vigente posibilidad de volver a sentarse a negociar.
– ¿Para qué lo harán? En este punto hablamos no solo de intereses y propósitos sino de la definición conjunta del problema, incluyendo los disensos que funcionarán como límites para poder avanzar.
Estas tres preguntas y sus respuestas no solo se relacionan sino que pueden variar en la medida de la gestión.
La participación desde una visión interdisciplinar e integradora, aporta confianza, favorece la implicació́n de las partes enfrentadas y posibilita la transformación hacia una nueva perspectiva de integració́n territorial sostenible.
No habrá paz duradera si se destruyen los recursos naturales que sustentan los medios de vida y los ecosistemas. Nuevamente, el camino es el diálogo.
