El pedido de un centenar de jubilados docentes de Misiones para que el Superior Tribunal de Justicia falle en el reclamo del pago de una deuda por movilidad salarial, es un ejemplo más de la falta de cercanía con la ciudadanía de un Poder muy importante para la democracia.
Ya no es solo una demora en la primera o segunda instancia, sino en la misma conducción de la Justicia provincial donde no cumplieron los plazos estipulados por las leyes vigentes para resolver los planteos legales. Llevan años de espera decenas de maestros que quieren su plata, la que les corresponde.
Mal ejemplo para el resto de los estamentos judiciales que el eslabón más importante no cumpla con los plazos. Seguramente el de los jubilados docentes no sea el único. Pero sí el que merece una prioridad, especialmente cuando el 10% de los que se animaron a denunciar ante la Justicia los incumplimientos ya no vive para conocer qué piensan los jueces.
Se trata de personas que no cuentan con mucho tiempo de esperanza para adaptarse a la lentitud judicial. Sino que han dado su corazón y gran parte de su vida nada menos que para educar a quienes hoy son protagonistas de la vida de la provincia.
Es probable que muchos de los funcionarios, magistrados y personal que lleva adelante la tramitación de las causas iniciadas en 2014, hayan sido alumnos de estos maestros y maestras que el próximo 2 de mayo, con las fuerzas que les quedan, vayan hasta las escalinatas del Palacio de avenida Santa Catalina para pedirles a los ministros del STJ que se apiaden de ellos y resuelvan las causas.
En el medio, para evitar la lentitud de la resolución judicial, se espera una decisión política que ponga fin a tanto sufrimiento. En cualquiera de los casos, solo hace falta un poco más de humanización de la función para darse cuenta de la urgencia del caso.
