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Marcelo Cardozo quedó a un paso del Juzgado Federal de Iguazú

El actual juez de Instrucción 1 de la Primera Circunscripción de Misiones fue elegido como candidato para convertirse en el primer magistrado federal de Puerto Iguazú. Solo resta que se apruebe el acuerdo en el Senado de la Nación.

21 abril, 2023
Marcelo Cardozo

Marcelo Cardozo

El actual juez de Instrucción 1 de Posadas , Marcelo Alejandro Cardozo, fue elegido por el Senado de la Nación para cubrir el cargo de Juez Federal de Puerto Iguazú. El llamado para que se analice el acuerdo fue aprobado durante las últimas horas.

Marcelo Cardozo (110,5 puntos) había sido escogido como segundo en la terna para este cargo, detrás del puntano Juan Manuel Cabral (134,4) y por encima del chaqueño Javier Fernando Pastore (102,6).

En el caso de Cabral, se barajaba fuerte como el elegido. Se trata de un abogado nacido en Río Cuarto Córdoba pero criado y educado en San Luis, juez civil y comercial e integrante del Consejo Directivo del Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San Luis y docente universitario, entre otros cargos y funciones.

Larga espera

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú fue aprobado y creado en noviembre de 2011 por el Congreso de la Nación y desde entonces no pudo ser habilitado por no designarse el cargo principal, el de Juez.

El flamante Juzgado comprenderá dos secretarías, una con competencia criminal, y la otra con competencia civil, comercial, contencioso administrativa, laboral, seguridad social, tributaria, ejecuciones fiscales, así como también toda otra cuestión federal, con excepción de la materia electoral. Mientras que, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas será el tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado.

Competidores

Vale remarcar que en 2018 se llamó a concurso para cubrir el puesto de Juez Federal de la “Ciudad de las Cataratas” y entre ellos se destacó en el primer lugar obtenido por Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quien también rindió examen para cubrir el cargo en el Juzgado Federal de Oberá, donde finalmente fue electo.

Detrás de Gallandat se ubicó Cardozo y varios funcionarios judiciales misioneros más, entre ellos Liliana Beatriz Komisarski, integrante de la Cámara de Apelaciones Civil de la Tercera Circunscripción Judicial (Eldorado), el camarista Civil, Comercial y Laboral de Eldorado, Eduardo Javier Jourdan y Selva Raquel Zuetta, jueza de Instrucción 4 de Leandro N. Alem.

Los demás lugares correspondieron a Zacarías Miguel Issolio, Fernando Gabriel Zarabozo, Horacio Gabriel Paniagua (exfiscal de Instrucción 3 de Puerto Iguazú y actual integrante del Tribunal Penal de Oberá desde este año), Adriana Marcela Verónica Herbociani (Fiscal de Instrucción 3 de Posadas) Felicitas María Bire (Secretaría Civil Juzgado Federal de Posadas), Maximiliano Daniel Chávez, Miguel Ángel Faría (Juez de Instrucción 4 de Apóstoles), Ivana María Balanda, Cecilia Vanesa Montejano (Secretaria en el Juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú), Rosana Mariela Corti, José Eduardo Villena, Marcelo Javier Klikailo y Juan Marcelo García.

Tags: Juzgado de Instrucción 1 de PosadasJuzgado Federal de IguazúMarcelo Alejandro Cardozo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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