El Observatorio de Violencia Familiar y de Género que funciona en la órbita del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), encendió una luz de alarma por las cifras que dejó 2022 en materia de denuncias sobre la temática.
Según admiten en el propio organismo, son tan altas como se dieron antes de la pandemia de COVID, con lo cual lamentablemente se retrocedió en cualquier pequeño avance que pudo haber en ataques a la integridad de las personas.
Mayormente se trata de víctimas mujeres, agredidas por personas de su entorno familiar (en gran medida por parejas o exparejas), en hechos donde siete terminaron en femicidios.
Silvana Labat, titular del IPEC resumió esta preocupante situación diciendo que “el último dato con el que contamos es que a mayo del 2022 ya teníamos más de 10.500 denuncias por violencia familiar y de género”. Antes de terminar el año, aseguró que “nos ubicábamos en 7 femicidios. Esto quiere decir que volvimos a los mismos números del 2020, en plena pandemia”.
En las estadísticas frías, que encierran una dolorosa vida cotidiana para las víctimas de violencia, aparece un dato que poco a poco va modificando la actitud de quienes son sometidas a tanta violencia: la mayoría se anima a denunciar y no requiere de un tercero para exponer su padecer.
Un capítulo aparte merece el tratamiento legal-judicial de las denuncias. Con un fuero desbordado y complejo como es el familiar o de violencia.
Lamentablemente las víctimas siguen acechadas por sus agresores y la continuidad de sus vidas se mantiene constantemente en peligro.
