Desde la Federación Argentina de Productores de Tabaco, que abarca a los agricultores de Misiones, Corrientes, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, y Catamarca, calificaron como aciertos las medidas tomadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que tienen el objetivo de asegurar el cumplimiento de la Ley de Impuestos Internos (modificado por la Ley N° 24.674) y la Ley 19.800, que ordena la recaudación y distribución del Fondo Especial del Tabaco (FET).
La AFIP dispuso que todas las cigarreras tienen que tributar el Impuesto Mínimo Interno mediante un aplicativo que determina el monto según el volumen comercializado, luego del reclamo que realizaron los agricultores por el no pago de los impuestos establecidos en ambas leyes por parte de empresas comercializadoras de cigarrillos. Así, el aplicativo compele a todas las firmas a cumplir con los pagos para acceder a las estampillas de uso obligatorio.
Paralelamente, la AFIP y la Casa de la Moneda pondrán en vigencia un nuevo modelo de estampillas para frenar la falsificación, otra de las maniobras detectadas por el organismo tributario.
Cabe recordar que en las provincias tabacaleras hay alrededor de 23 mil trabajadores registrados, siendo al menos 15 mil de ellos pequeños agricultores, y la actividad genera trabajo para cerca de cien mil personas en forma directa.
Por ello desde la Federación remarcaron que “los miles de productores tabacaleros de la Argentina nos sentimos escuchados después de demostrar con números el enorme perjuicio que generan las empresas cigarrilleras que se manejan al margen de la Ley. Existe una responsabilidad social de los organismos públicos para frenar el empobrecimiento de los agricultores, pero también existe una responsabilidad social de las empresas, que no pueden crecer desmesuradamente como crecieron a costa del sacrificio del que trabaja la tierra”.
Desde el sector productivo también recordaron que muchas empresas autodenominadas PyME tabacaleras recurrieron a medidas cautelares ante la Justicia Federal, para no pagar los impuestos que se redistribuyen para sostener políticas públicas y mejorar el precio de la materia prima. Sin embargo, esas cautelares fueron revocadas por la inequidad generada entre quienes sí cumplen y quienes pretenden evadir el pago.
Por ejemplo, en septiembre pasado, la Cámara Federal de Rosario, revocó la medida cautelar concedida en enero 2022 a favor de las cuatro empresas integran-tes de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET).
Desde entonces, no cuentan con el aval judicial para su pretensión, pero igualmente no pagan el Impuesto Interno Mínimo. Al mismo tiempo, todas las empresas que se niegan a pagar los tributos acapararon hasta el 40% del mercado de venta de cigarrillos con productos ultrabaratos, con el consiguiente perjuicio a la salud pública, la pérdida de recursos fiscales coparticipables entre las provincias y la afectación a los productores primarios por reducción del FET.
La Federación Argentina de Productores Tabacaleros espera que estas medidas de la AFIP que pretenden asegurar la recaudación se sostengan en el tiempo para permitir la recomposición del Fondo Especial del Tabaco y de los recursos fiscales afectados, y aclaran que defenderán toda acción tendiente a salvaguardar la calidad de vida y la economía de los más vulnerables de la cadena productiva del tabaco.
Cabe señalar que son dos industrias de cigarrillos, Sarandí y Espert, las que todavía cuentan con medidas cautelares y que, por ello, no están encuadradas en estas medidas.
