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Desde una cárcel les daban las órdenes para secuestrar y cobrar

Los descubrieron tras lograr cobrar un rescate y a punto de volver a cometer otro delito. El 23 de noviembre pasado en Hurlingham secuestraron a un empresario de la carne. Lo liberaron luego del pago del rescate. Fueron capturados tras escuchas telefónicas.

17 diciembre, 2022
BANDA COMPLETA. Los cinco detenidos acusados por el secuestro del comerciante de Hurlingham, Buenos Aires.

BANDA COMPLETA. Los cinco detenidos acusados por el secuestro del comerciante de Hurlingham, Buenos Aires.

Cinco hombres quedaron detenidos ayer como sospechosos de participar en el secuestro extorsivo del dueño de una carnicería organizado desde una cárcel bonaerense, cometido el mes pasado en el partido bonaerense de Hurlingham, durante procedimientos que se precipitaron porque los delincuentes estaban a punto de realizar otro hecho del mismo estilo.

Todos los sospechosos se negaron a declarar ante el fiscal federal Santiago Marquevich.

Las detenciones fueron concretadas por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, tras una investigación coordinada por Marquevich, quien además es el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese).

En total, se realizaron siete allanamientos en las localidades de Moreno (domicilio donde estuvo cautiva la víctima), Villa Trujui, Ingeniero Budge y en dos pabellones de la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) del complejo carcelario de San Martín.

En ellos se incautaron uno de los autos empleados para el secuestro, un Peugeot 504 color negro, una escopeta tumbera, un revólver Taurus calibre 38 Special, una gorra de la marina, otra de Gendarmería, ropas usadas por los captores, varios celulares y chips telefónicos.

Pero además, en diversos domicilios se secuestraron cerca de medio millón de pesos y 500 dólares que se cree son parte del rescate de 283.000 pesos y 2.000 dólares pagado por la familia de la víctima, ya que al menos uno de los billetes de 100 dólares estaba marcado desde cuando se hizo el pago.

La clave de la investigación, según confiaron a Télam fuentes judiciales, estuvo en el seguimiento que la DDI Morón hizo al momento del pago del rescate, en el análisis de las cámaras de seguridad que permitieron reconstruir la ruta de la banda y en escuchas telefónicas.

De los cinco detenidos, dos de ellos, identificados como Cristian Sebastián Galarza y Juan José López, planearon el hecho desde la Unidad 46 de San Martín, donde se encontraban detenidos por delitos contra la propiedad. “Conseguían en la cárcel datos de víctimas y organizaban el hecho reclutando una bandita afuera”, dijo uno de los investigadores judiciales.

A estos dos imputados se les allanaron las celdas y se los notificó de que quedaban presos también por esta nueva causa. Los otros tres detenidos, en tanto, fueron identificados por las fuentes como Juan Carlos “Junchi” Farías -su aprehensión fue en el domicilio del cautiverio del carnicero-, Javier Sebastián Lanchi y Luciano Galarza.

Todos quedaron imputados ayer por el fiscal Marquevich y su secretario Ignacio Rueda, en una causa caratulada como “secuestro extorsivo agravado y asociación ilícita”.

Las fuentes agregaron que los allanamientos se precipitaron entre el jueves por la noche y madrugada de ayer porque, en escuchas telefónicas directas a la banda, se supo que planeaban entrar a una casa en San Miguel, donde podrían terminar secuestrando a una mujer.

Modo de operar

El secuestro extorsivo por el que terminaron imputados y detenidos ocurrió pasadas las 16 del 23 de noviembre último, y la víctima fue un comerciante de 62 años -su identidad se mantiene en reserva para resguardarlo-, propietario de una carnicería ubicada sobre la calle Gorriti, del barrio Mitre, de Hurlingham, en el oeste del conurbano.

El hombre fue capturado cuando llegaba caminando desde su domicilio cercano a la carnicería, para reabrir el local por la tarde, por un grupo de delincuentes armados que lo interceptó en la puerta, lo amenazó, lo subió a un vehículo y se lo llevó cautivo.

Los captores se comunicaron con la familia para avisar que lo tenían secuestrado y pidieron inicialmente la suma de cinco millones de pesos de rescate.
Un hijo y una hija de los cuatro que tiene la víctima asumieron el rol de negociadores con los delincuentes.

La familia hizo la denuncia ante la Policía y, al tratarse de un secuestro extorsivo, en el caso comenzó a intervenir el fiscal federal Marquevich y su equipo de la Ufese.

Tras poco más de cinco horas de cautiverio -donde la víctima estuvo en una casa de Moreno-, la familia acordó con los captores el pago de un rescate de 2.000 dólares y 280.000 pesos, que se efectivizó a las 21.30 de ese día en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano, donde el dinero fue entregado a uno de los secuestradores en una parada de colectivos.

El comerciante fue liberado cerca del sitio del pago luego de que la banda huyera con el dinero del rescate.

Según explicaron ayer las fuentes, los detectives de la DDI Morón hicieron un monitoreo a distancia del pago y así fue como identificaron que el cobrador se subió a un primer auto, Fiat Siena color gris, y luego se pasó al Peugeot 504 secuestrado ahora en los allanamientos.

Por las patentes y el seguimiento que se hicieron desde las cámaras de seguridad se reconstruyó toda la ruta de la banda. Incluso, tienen por cámaras del municipio de Hurlingham el traslado de la víctima hasta su sitio de cautiverio, una casa de la calle Díaz Vélez al 500 de Moreno, que fue reconocida por el comerciante, como el lugar donde lo tuvieron secuestrados hasta su liberación.

Tags: Secuestro extorsivoUnidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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