Las denuncias por estafas en la comercialización de automóviles usados no son pocas en Misiones y el país. Lo llamativo y peligroso del caso denunciado por una empleada y su familia en Posadas es que no sólo perdió sus ahorros y una camioneta utilitaria a manos de un vendedor de vehículos integrante de la comunidad gitana, sino que vive pendiente del botón antipánico de su teléfono por las amenazas de muerte y escraches por haber denunciado en la Justicia.
La víctima denunciante trabaja por la mañana en una dependencia del Estado misionero y por la tarde como empleada privada de comercio. Con su pareja (en similar contexto laboral) cuidan y educan a su hijo de 13 que padece discapacidad motriz.
En febrero de este año se entusiasmó con el ofrecimiento de un Peugeot 207 en una concesionaria de automóviles de la avenida Francisco de Haro. Para que le entregaran las llaves se desprendió de la trajinada Fiat Fiorino y de todos sus ahorros: 400 mil pesos.
Notó que fue timada no sólo porque se demoraba la entrega, sino que de tanto insistirle a los vendedores, recibió otro vehículo con el motor fundido y problemas de todo tipo. Decidió devolverlo y denunciar la estafa. Luego comprobó que la mujer que la convenció de la adquisición no era integrante de la comunidad gitana pero su esposo y demás allegados si. Datos que se los habrían soslayado.
La denuncia policial lejos quedó de devolverle una posibilidad de recuperar su dinero: “La plata ya la perdí y la camioneta también, quiero que la Justicia actúe y busquen a los que me amenazan por redes sociales, que me escrachan con panfletos con mi identidad, dirección y teléfono y que me señalan como una prostituta”, señaló a PRIMERA EDICIÓN la víctima.
“El viernes de la semana pasada (28 de octubre) denuncié en la Fiscalía de Instrucción 7 y después ratifiqué todo en el Juzgado respectivo. A mi hijo con discapacidad motriz lo siguieron, es un niño que no puede ir a jugar a la casa de sus amigos ahora porque hasta a esos lugares lo siguieron. Me llamó al trabajo y me lo contó y él se mueve con muletas, no puede correr para escapar”.
También detalló: “Tengo un botón antipánico y ya dictaron las medidas de prohibición de acercamiento de los denunciados. Pero el acoso por redes sociales no cesa y lo peor de todo fueron los panfletos o escrache con mis datos y ofreciéndome como prostituta”.
“Mi hijo camina con bastones y los hijos de estos estafadores deambulan por el barrio en camionetas nuevas. Ya no les alcanzan las amenazas de muerte directas a mi, lo persiguen a él. Debimos llevarlo a que inicie un tratamiento psicológico intensivo y yo continúo yendo a una psiquiatra a que me contenga y ayude para poder dormir. Vivo pegada al botón antipánico”.
Con fuego también
También denunció que los actos de amedrentamiento son reiterados desde febrero y “ahora incluyeron al automóvil de mi pareja en la lista, me mandan mensajes anónimos con detalles precisos y que lo van a prender fuego si no retiro todas las denuncias, ‘si no nos dejamos de joder’, dicen”.
“Mi hijo tiene que viajar periódicamente a Buenos Aires por su tratamiento con un neuroortopedista, ya eso es traumático para él y por culpa de los panfletos ahora padece que sus amigos no lo inviten a jugar a sus casas porque sus padres no quieren”.
“No paran, subieron imágenes que robaron de mi perfil en Instagram y publican que soy trabajadora sexual, dicen barbaridades y mi familia está desesperada porque no viven lejos de mi casa y son violentos constantemente y con todos los vecinos de la zona”, agregó la denunciante.
De fuentes consultadas por este Diario se adelantó que la Policía investiga las amenazas por orden del juez de Instrucción 7, Miguel Mattos y apuntan las pesquisas a varios integrantes de una familia de la comunidad gitana con local y vivienda sobre la avenida Francisco de Haro a pocas cuadras de la avenida Quaranta.
No serían pocas las sospechas sobre estafas similares con la compra y venta de vehículos y tampoco los episodios de violencia y amenazas que los involucran para obtener impunidad.
