Buena parte de la sociedad, por no decir la mayoría, precisa de urgentes acuerdos políticos (postergados desde hace meses) en esta “nueva” etapa del país, acentuada tras lo acontecido días atrás.
Los intensos llamados al diálogo, la unidad y la pacificación todavía no calaron profundo en los dirigentes, pero no por ello deberían seguir posponiéndose soluciones que trascienden a las diferencias de oficialistas y opositores.
Los alquileres ya eran un drama histórico, pero se tornaron un espanto desde el año pasado con la vigencia de la normativa que los rige.
Renovaciones atadas a la inflación, marcos regulatorios que propietarios consideran “desfavorables” y pocos incentivos para enriquecer el mercado alimentan una crisis que al día de hoy sólo tiene perdedores.
En junio pasado, tanto en el oficialismo como en la oposición había optimismo respecto de construir mayorías en el recinto de la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma, pero las chances se vieron diluidas no sólo por el poroteo, sino también por las propias diferencias internas de los proyectos.
Así las cosas, se dejaron pasar las oportunidades y con ello, con cada nuevo mes, los que debieron y deben renegociar contratos lo hacen con fuertes impactos en los costos.
De esta forma la pérdida de poder adquisitivo se acelera potenciada por la incapacidad del Congreso de la Nación de hacer a un lado las diferencias y madurar un marco regulatorio conveniente.
Los acontecimientos de los últimos días en el país y las reacciones de los dirigentes llevan a pensar que los acuerdos son cada vez más difíciles, pero no deben olvidar nuestros legisladores que más allá de la necesidad personal de ubicarse a uno u otro lado de la discusión, existen debates necesarios en el recinto, debates como el de una nueva ley de alquileres que desacelere la crisis del sector, que no sea coyuntural y que brinde oportunidades para todos los implicados.
