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En un año, casi 3.000 misioneras aplicaron al programa para víctimas de violencia

A pesar que se brinda asistencia económica y acompañamiento psicológico y judicial advirtieron que es muy grande el porcentaje de víctimas que no pueden salir y regresan a sus círculos de violencia.

21 julio, 2022
TURNOS. Para inscribir al Programa la Subsecretaría trabaja con turnos presenciales que por el momento presentan una alta demanda.

TURNOS. Para inscribir al Programa la Subsecretaría trabaja con turnos presenciales que por el momento presentan una alta demanda.

Si bien la violencia de género es una de las problemáticas que el Estado nacional y provincial están tratando de erradicar con mucha fuerza, a partir de campañas de concientización y políticas públicas como el Programa Acompañar destinado a las víctimas de violencia de género; esta sigue siendo una problemática muy vigente en el país, que se revela cada vez que salen a la luz los números de femicidios.

Misiones no escapa de esta realidad, sobre todo porque de mayo del 2021 hasta el día de la fecha, 2.974 mujeres y disidencias accedieron al Programa Acompañar para víctimas de violencia machista. Así lo confirmó a PRIMERA EDICIÓN la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, Sandra Galeano, quien también aclaró que ese número acapara sólo a las mujeres que accedieron al Programa a través de su dependencia, por lo cual se estima que son muchas más.

“No es un beneficio sino una compensación por daño que le provocó la violencia a estas personas. Son seis meses de una asistencia económica que se da por única vez apuntando a que las víctimas puedan protegerse de forma integral y salir de su circulo de violencia”, explicó Galeano.

Protegerse de forma integral en el sentido que algunas mujeres han usado este apoyo económico para ponerse un emprendimiento y generar autonomía, para reparar su vivienda, o bien para poder irse e instalarse en la casa de familiares o donde consideran que están a salvo de sus agresores.

Es así que, para acceder al Programa, se acredita que efectivamente hayan sido víctimas de violencia de género, a partir de una entrevista a cargo de la Subsecretaría ya que el programa nacional no exige que haya una denuncia formal. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de mujeres que no se animan a denunciar por miedo a sus agresores.

 

Nosotros no sólo le gestionamos el programa y la pensión para niños, niñas víctimas de delitos contra la integridad sexual, le incentivamos a iniciar un emprendimiento, le asistimos psicológicamente, se le asesora en lo jurídico (si es que tienen alguna cuestión judicial), o le ayudamos a realizar la denuncia en el caso que quieran realizarla”, afirmó Galeano.

Para eso también tienen a disposición casas refugio en Posadas y en el interior de la provincia que, por motivos de seguridad no se difunde su ubicación, donde la víctima puede permanecer sola o con sus hijos hasta que mejore su situación.

En ese sentido, uno de los datos más alarmantes que brindó Galeano es que las beneficiarias del Programa son en su mayoría mujeres de 18 a 30 años y que, de ellas, un gran porcentaje, termina volviendo a sus círculos de violencia que, muchas veces, es su propio hogar.

En esos casos, desde la Subsecretaría tratan que la víctima no deje atrás el contacto con el grupo de mujeres y las actividades que brinda el organismo, para así asegurarse, que ellas no estarán solas ante otra posible situación de riesgo. A su vez, explicó que se debe tener en cuenta que muchas mujeres no se autoperciben como víctimas de violencia a pesar de estar pasando por esa situación. Algo que desde la Subsecretaría buscan desnaturalizar a partir de capacitaciones en los barrios.

“Para eso pedimos a la sociedad que sea comprensiva con las víctimas, no es un proceso fácil y a veces si no pueden salir no es porque no quieran”, finalizó Galeano.

Requisitos para acceder al programa

Para acceder al Programa Acompañar de ayuda para mujeres y disidencias víctimas de violencia de género no se exige que haya una denuncia formal, pero sí se acredita la situación a través de una entrevista que realiza la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia.

La asistencia económica se brinda por única vez durante seis meses y es una compensación únicamente compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También, mediante la entrevista se acredita que la situación de violencia sea actual o de aquí a un año atrás y se prioriza a aquellas personas que hayan hecho la denuncia, ya que se las considera potenciales víctimas de femicidio.

Por otro lado, tanto las que están dentro del Programa como las que no, pueden acceder al acompañamiento que brinda la Subsecretaría que va desde acompañamiento jurídico y psicológico, hasta la gestión para la terminalidad primaria o secundaria, talleres recreativos como yoga, y cursos para incorporar habilidades e iniciar un emprendimiento que aporte a su independencia económica.

Para todo lo anterior se debe acudir a la Subsecretaría ubicada en la calle Sarmiento 1.842 de Posadas o bien a la línea 137 gratuita y disponible las 24 horas en toda la provincia.

Tags: Línea 137Programa AcompañarViolencia machista
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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