El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, tiene a su cargo la certificación de unos 5.100 planes sociales Potenciar Trabajo; mientras que las organizaciones sociales administran poco más de 35 mil, con un exorbitante crecimiento en los últimos años.
Esa proporción se replica, números más o números menos, en todos los distritos y por esto -tal vez- la vicepresidente Cristina Fernández salió a cuestionar la “tercerización” de los planes en las organizaciones sociales, pidiendo -a la vez- que vuelvan a las manos del Estado, puntualmente de los intendentes.
Fue Carolina Stanley, la ministra de Mauricio Macri, la que entregó el monopolio del manejo que tenía el Estado a manos de las organizaciones, después de un multitudinario campamento con protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social. Desde ahí no hubo freno.
Hasta los primeros meses del año, cada beneficiario cobraba $16.500, desde este mes son $19.470, en julio un monto total de $ 22.770, y luego, en septiembre 2022, se incrementará a $23.927. Actualmente, esos 40 mil planes que se liquidan en Misiones representan casi $800 millones que se vuelcan todos los meses a la economía. Bien o mal distribuidos, depende de cómo se los mire, significan un movimiento económico importante en las clases populares.
A nivel nacional se registran alrededor de 1,2 millones, de los cuales una parte menor se administra mediante los gobiernos provinciales y la gran mayoría entre las principales organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, Barrios de Pie, el Frente de Agrupaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
El conurbano bonaerense concentra el 38,3% del total de planes. El 57,6% del total de beneficios se concentra en provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires (más de 600 mil beneficiarios).
Tucumán secunda a Buenos Aires con el 5,6% del total; y el resto de las provincias registra una incidencia menor al 5% sobre el total nacional. El promedio de planes por distrito es de 41.919; por encima sólo están Buenos Aires, Tucumán y CABA.
El plan Potenciar Trabajo tuvo un veloz crecimiento en los últimos años: pasó de 534.898 a 877.889 beneficiarios entre 2019 y 2020, un crecimiento de 64% que tuvo impacto directo en las estadísticas laborales.
En marzo del 2020, el Potenciar Trabajo unificó los programas Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario. Entre el 2021 y 2022, la suba fue de 38,8% para llegar a 1,2 millones actuales. Es que todos los beneficiarios deben tener una certificación, del municipio o de la organización social para seguir cobrando. Esa certificación significa que realiza actividades en una cooperativa de trabajo o en la comuna.
Para el Gobierno, todos los beneficiarios son considerados ocupados por las estadísticas oficiales. Si se restan estos beneficiarios del empleo, la desocupación nacional en el cuarto trimestre de 2021 pasa del 7% al 12,6%. Los datos derivan de una investigación del economista Nicolás Quaglia “¿Cuánto es el desempleo en Argentina? El impacto del plan Potenciar Trabajo en las estadísticas laborales”.
Los números de cada organización
El Movimiento Evita se convirtió en un resorte fundamental del acotado poder que logró edificar Alberto Fernández con los dirigentes Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro a la cabeza aseguran que cuentan en sus filas con alrededor de 100.000 programas Potenciar Trabajo a nivel nacional. En Misiones es la organización que más planes posee por lejos.
Somos Barrios de Pie también coordina alrededor de 100.000 programas sociales en todo el país. De la Corriente Clasista y Combativa (CCC) dependen cerca de 60.000 programas. En tanto, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera el dirigente social Juan Grabois reconoció que cerca de 50.000 personas forman parte de su organización.
El Polo Obrero tiene un perfil mucho más opositor y tiene bajo su órbita a alrededor de 60.000 beneficiarios de programas sociales. Barrios de Pie-Libres del Sur cuenta con alrededor de 85.000, a la vez que el MST Teresa Vive administra unos 13.000.
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) cuenta con alrededor de 9.000 integrantes presentes en la mayoría de las provincias y otros movimientos reúnen alrededor de 45.000 de programas sociales.
