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Claves sobre quiénes podrán mantener los subsidios a las tarifas de luz y gas

A partir de este mes de junio, habrá tres niveles de usuarios, de acuerdo con los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar.

18 junio, 2022

A través de un decreto que se fijó esta semana, el Gobierno presentó un nuevo sistema de segmentación de tarifas para los usuarios que hagan uso de los servicios de gas y electricidad.

Los aumentos serán diferentes según los ingresos de cada sector, y el 10% de mayor poder adquisitivo perderá los subsidios y pasará a pagar la tarifa plena.
Para conservar el subsidio actual, será necesario registrarse en una plataforma online.

 

Así funcionará la nueva segmentación de tarifas

A partir de este mes de junio, habrá tres niveles de usuarios, de acuerdo con los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar.

Nivel 1: con ingresos mayores a $333.410
Nivel 2: para usuarios con tarifa social o ingresos menores a $95.260
Nivel 3: de ingresos medios, para los que no cumplen con los requisitos de los otros dos niveles

Cabe una aclaración: Deberán registrarse los usuarios del Nivel 3, los que tienen ingresos medios y no cumplen con las condiciones del nivel de mayores ingresos pero que tampoco pertenecen a los sectores más vulnerables.

No obstante, cada nivel tendrá un porcentaje de aumento diferente en las tarifas de gas y electricidad. Y el segmento de mayores ingresos pasará a pagar la tarifa plena de los servicios, sin aporte del Estado. Se tomarán en cuenta los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar.

Para mayor especificidad, ¿A partir de qué ingresos se perderán los subsidios? Los usuarios del Nivel 1 (de mayores ingresos) van a pagar el costo pleno de la energía. Incluye a todos los que tengan al menos una de estas condiciones:

• Ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT). Estos son ingresos por encima de $333.410 con los datos de abril. Esta cifra se va incrementando mes a mes de acuerdo a los datos actualizados de Indec.

• Tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años.

• Tres o más inmuebles

• Una o más aeronaves o embarcaciones de lujo

• Activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

 

Registro para mantener los subsidios

Deberán registrarse los usuarios del Nivel 3, los que tienen ingresos medios y no cumplen con las condiciones del nivel de mayores ingresos pero que tampoco pertenecen a los sectores más vulnerables. Los usuarios alcanzados por la tarifa social no tendrán que hacer ningún trámite para mantener el beneficio.

Los usuarios incluidos en el Nivel 3, de ingresos medios, que no se registren perderán los subsidios.

El trámite se hará mediante un Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), una plataforma donde se podrá proceder de forma online a partir de la próxima semana. De acuerdo con el decreto, los titulares del servicio tendrán que completar una declaración jurada para solicitar los subsidios, en el caso que corresponda. También se prevé, aunque aun no fue confirmado, que se pueda hacer en forma presencial en las oficinas de la Anses.

En el caso de los inquilinos, se procurará la creación de la figura del “Usuario o Usuaria residencial del Servicio” en el caso que la persona o familia que usa efectivamente el servicio no coincida con el titular registrado en las empresas distribuidoras. Con ese nombre, podrán solicitar mantener el subsidio en el caso que corresponda.

 

Los que forman parte del Nivel 2

Estarán incluidos los usuarios que tengan:

• Ingresos netos menores a un valor equivalente a una Canasta Básica Total (CBT), para un hogar 2 según el Indec. Ese valor equivale en a abril a $95.260.

• Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

• Un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado.

• Al menos un integrante del hogar con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

• Al menos un integrante con certificado de discapacidad y cuando todas las personas que viven en el hogar tengan un ingreso neto menor a 1,5 Canastas Básicas Totales, unos $142.890.

 

¿Qué aumento de tarifa corresponderá durante este año a cada uno de los niveles de usuarios?

Los usuarios con tarifa social (Nivel 2) tendrán en sus facturas incrementos totales por año menores a 216% (es el equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial CVS de 2021). El resto de los usuarios Residenciales tendrán en promedio aumentos para todo 2022 de 42,7% (el 80% de la variacion del CVS 2021).

En el caso de la electricidad, para el AMBA, el aumento que se está aplicando a partir de mayo es de 16,5% en promedio. Para usuarios con tarifa social es de 7,7% promedio.

En gas, en tanto, para usuarios con tarifa social no habrá ningún aumento. Para el resto de los usuarios de todo el país, el aumento en factura promedio que se está aplicando es de entre 18,55% y el 25%.

En ambos casos, se trata de las segundas subas que se aplican durante el año y el porcentaje acumulado está en línea con los topes de aumentos previstos de acuerdo a la evolución del CVS.

 

Subsidio actual

El Estado cubre hoy más del 75% del costo del gas y de la electricidad que se incluye en las facturas. En el segmento de la generación de energía, por ejemplo, los usuarios solo abonan una parte de este costo, entre el 20% y el 25% según la estación del año, y el Estado cubre la diferencia. De acuerdo a datos oficiales, por ejemplo, el 50% de los usuarios de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica.

Según datos del ministerio de Economía, el año pasado el sector de mayores ingresos recibió subsidios anuales por $49.452 en electricidad y $23.312 en gas. Son hogares con ingresos anuales promedio por encima de los $3,2 millones (unos $271.000 mensuales). En promedio, recibieron subsidios por $6.063 por mes.

Fuente: Infobae

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Tags: AmbaAumentosElectricidadGasSUBSIDIOSTARIFAS
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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