Por Rocío Gómez
Desde hace un tiempo que el 3 de junio no es un día más. Esta fecha quedó marcada en el calendario con una frase que prendió una mecha que no volverá a apagarse: #NiUnaMenos.
El viernes se cumplieron siete años de la primera movilización que reunió a mujeres y disidencias en todas las plazas del país para denunciar y poner en la agenda pública la problemática social de la violencia de género, que año a año deja cifras escalofriantes.
A siete años, a 2.559 días de aquella primera movilización multitudinaria, es necesario recordar cuál fue la gota que rebalsó el vaso.
En mayo de 2015, Chiara Páez, de 14 años, desapareció cuando cursaba un embarazo de dos meses. Su familia denunció el hecho y el cuerpo de la joven apareció enterrado en el patio de la casa de un familiar de Manuel Mansilla, su novio.
La investigación del asesinato de Chiara determinó que la relación entre ambos había empezado en octubre de 2014, pero terminó en febrero de 2015, dos meses antes de la desaparición de la joven. El 9 de mayo de ese mismo año, apenas unos días después de haber cumplido 14 años, Chiara se juntó con unas amigas y a la medianoche fue a la casa de Manuel, como habían quedado, y charlaron en el galpón ubicado en el patio de la vivienda del joven.
Según reconstruyó el juez Adrián Godoy, quien juzgó a Manuel Mansilla y lo condenó a 21 años de prisión, el deseo de Chiara no era tener al bebé que esperaba y el de Manuel tampoco. Pero, aparentemente, con el correr de la conversación, la adolescente insinuó un cambio de idea.
Lo que reconstruyó el juez Godoy es que el femicida le aplicó a Chiara un corte de seis centímetros en el lado izquierdo del cuello con un cuchillo. Luego, “la tomó, con una mano, del cuello; y con otra mano, de la cabeza, para comenzar a golpearla contra el suelo y contra la mesa de trabajo del galpón abierto. Así, hasta que la chica dejó de mover sus piernas”.
La enterró en la casa de un familiar, donde la encontró la policía días después. La noticia golpeó fuerte a una sociedad cansada de la violencia machista. Ese año, según el Registro Nacional de Femicidios, hubo 235 víctimas directas de femicidios. Poco menos de uno por día y la noticia colmó el vaso.
La periodista Marcela Ojeda recurrió a Twitter y, sin saberlo, encendió una mecha: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, bah.. no vamos a levantar la voz? Nos están matando”.
Y la pregunta caló hondo en la sociedad: entre las respuestas alguien sugirió una fecha y el dolor y el miedo se convirtieron en movilización: el miércoles 3 de junio de 2015 más de 300 mil mujeres marcharon al Congreso en CABA y otras cientos de miles se reunieron en las distintas plazas del país.
Desde entonces, la violencia de género dejó el espacio “privado” para pasar a ser entendido como lo que es: una problemática social que debe tener una solución colectiva.
Las cientos de mujeres que se congregaron en las plazas aquel miércoles 3 de junio de 2015 dejaron en evidencia el hartazgo, el cansancio, la indignación y el pedido de acción por parte de los responsables de crear políticas públicas para cambiar la realidad de una vez y para siempre.
La discusión está instalada y tiene varias aristas: comenzó a denunciarse la violencia física, cuya máxima expresión es el femicidio; pero también la violencia simbólica, económica, psicológica, emocional y sexual.
Sin embargo, los datos siguen siendo alarmantes. Desde aquel 3 de junio de 2015, al 27 de mayo de este año, según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro en el país asesinaron a más de dos mil mujeres.
El último informe detalla que se registraron 2.041 femicidios vinculados de mujeres y niñas y trans/travesticidios y puntualiza que se produjeron 1.990 femicidios, 51 trans/travesticidios y 191 femicidios vinculados de varones. Otro dato escalofriante es cuántos hijos e hijas se quedaron sin madre: 2.361, de ellos, 1.518 (el 64%) son menores de edad.
Desde el Observatorio reclaman el cumplimiento efectivo del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género (2020-2022) y la adecuada ejecución del presupuesto asignado para poder llevar a cabo los objetivos que establece el plan.
Además, piden que se haga efectiva la implementación del presupuesto con perspectiva de género y la transversalización de políticas de género en todas las áreas del Estado, y que tanto a nivel nacional, provincial y municipal identifiquen las partidas en todas las administraciones.
Y, entre otros reclamos, solicitan que se haga efectiva la implementación a nivel nacional del “Sistema Único de Registro de Denuncias de Violencia de Género (URGE)”.
En el ámbito legislativo se debatieron leyes desde aquel 3 de junio de 2015. En aquel entonces ya estaba vigente la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que había sido sancionada en 2009.
A partir de aquel primer #NiUnaMenos se sancionaron otras leyes que tendieron a complementarla: en 2015 se sancionó la Ley 27.234 Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, cuyo fin es promover prácticas para que alumnos y docentes ayuden a prevenir y erradicar situaciones de violencia.
Sancionada ese mismo año, la Ley 25.929 de parto humanizado, busca garantizar el derecho de las mujeres en el momento de parir.
En 2018 se sancionó la Ley 27.452, más conocida como Ley Brisa, por la que el Estado brinda asistencia económica a los hijos de mujeres víctimas de femicidio y un año más tarde se aprobó la Ley Micaela (Ley 27.499), para que todos los trabajadores de los tres poderes del Estado reciban formación en cuestiones de género.
En diciembre de 2020, en medio de la cuarentena el Congreso aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por la que hubo manifestaciones en todo el país, a favor y en contra. Sin embargo, parecieran curitas que intenta calmar el sangrado en una fractura expuesta.
El caso de Chiara sigue doliendo. Para colmo, en febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la pena de 21 años y 6 meses de prisión al femicida y ordenó que sea nuevamente juzgado por un tribunal de la Justicia de Menores.
El fallo establece que es aplicable al caso una sanción correspondiente a la “tentativa de homicidio”, cuya escala penal va de 10 a 15 años, al fundar su resolución en el régimen juvenil penal (porque Mansilla era menor de edad al momento de asesinar a Chiara).
De este modo, tras haber cumplido casi siete años en la cárcel, Mansilla podría acceder al beneficio de salidas transitorias en caso de que la condena se amolde a lo planteado por la Corte.
Chiara no es el único caso que todavía duele. Ursula Bahillo (18) o Ivana Módica (47) son sólo algunos de los nombres que se escriben en las pancartas que llevan las mujeres cada 3 de junio a las plazas de todo el país, como el último viernes, días después de que la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informara que 251 mujeres y trans fueran asesinadas en 2021: una cada 35 horas.
Si bien esta cifra representa una disminución del 8% en relación a lo contabilizado en 2020, ya que se registraron 20 casos menos, desde 2017 a la fecha los números de femicidios en la Argentina se mantienen estables. Vale recordar que la CSJN elabora este registro en base a las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres y trans/travestis por razones de género.
La mayoría de las mujeres asesinadas el año pasado tenían entre 25 y 44 años. En el 88% de los casos, la víctima conocía a su asesino y el 39% convivía con él, mientras que el 62% era pareja o expareja.
En casi todos los casos, los crímenes ocurrieron en la propia casa de las víctimas y en un contexto de denuncias previas por violencia doméstica. En total, 182 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre.
