En una histórica sentencia, leída este jueves en castellano y en las lenguas originarias qom y mocoit, la Justicia declaró que el Estado argentino es el responsable en la denominada “Masacre de Napalpí”, donde más de 400 personas de pueblos originarios fueron exterminados en la provincia del Chaco el 19 de julio de 1924.
Un mes después de haber comenzado el ‘Juicio por la Verdad’ para esclarecer los hechos de la llamada Masacre de Napalpí, la jueza federal Zunilda Niremperger calificó los hechos como “crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio de los pueblos indígenas“.
La masacre, ocurrida durante la presidencia del Marcelo T. de Alvear (1922-1928), “provocó graves consecuencias, sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la perdida de su lengua y de su cultura“, señaló el tribunal.
Finalmente, luego de 98 años la justicia consideró probado que “existió responsabilidad del Estado nacional argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión de los delitos de homicidios agravados con ensañamiento con impulso de perversidad brutal, en reiteración de hechos y reducción a la servidumbre“.
La lectura de la sentencia se prolongó por una hora, ya que cada punto leído por la jueza era también transmitido en las lenguas qom y en mocoit por integrantes de esas comunidades sentados junto a la magistrada en la sala de audiencias del juzgado de Resistencia.
En tanto, la jueza ordenó la publicación en el Boletín Oficial de la sentencia e incluir el estudio de la masacre en los programas escolares y universitarios, entre otras “medidas de reparación histórica”.
Los detalles del histórico fallo
Sin victimarios vivos y sin acusados en el banquillo, el juicio por la verdad apuntó a las responsabilidades, así como a reivindicar y reparar a las víctimas a través de la reconstrucción de los hechos en base al relato de sobrevivientes y de sus descendientes, también escuchados durante las audiencias.
El tribunal unipersonal declaró “probado que la mañana del sábado 19 de julio de 1924, alrededor de un centenar de policías gendarmes y algunos civiles armados ayudados por un avión llegaron a la zona de la reserva donde un millar de personas de familias qom y mocoit y algunos peones realizaban una huelga“.
Según la reconstrucción de la justicia, los manifestantes luchaban “por las condiciones a las que estaban sometidos, que eran deplorables”, entre ellas falta de comida, el hecho de que se les pagaba con vales o que les cobraban impuestos por el algodón que cosechaban y costosos fletes. Uno de los principales reclamos era que la mayoría era obligada a trabajar en ese lugar y les impedían la libre circulación.
La represión se dio de la mano de un centenar de hombres armados que se apostó en las afueras de la reserva y dispararon contra las personas durante una hora. “Por el impacto de la balacera cayeron muertos entre 400 y 500 integrantes de las etnias qom y mocoit“, señala el fallo.
“Los heridos que no pudieron escapar fueron ultimados de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes“, continúa, y agrega que los sobrevivientes “debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados“.
La necesidad de la reparación histórica
En 2018, el caso Napalpí fue declarado crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Pero, al no haber imputados con vida, se realiza un “juicio por la verdad” que busca investigar, esclarecer y dar publicidad al episodio a modo de reparación a las víctimas, sus familias y las comunidades.
Los juicios por la verdad se inauguraron en la Argentina cuando regían las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final) y los indultos dictados durante el Gobierno de Carlos Menem.
Si bien los acusados por la represión de Estado entre 1976 y 1983 no podían ser condenados, el principio rector de los procesos apuntaba a que las víctimas tenían derecho a conocer la verdad sobre lo que había pasado con sus familiares desaparecidos. Con la anulación de las normas de impunidad, se reabrieron los juicios a partir de 2004.
Qué pasó el 19 de julio de 1924 en Napalpí
Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 1924 en Napalpí, una “reducción” -como se llamaba en Argentina a los lugares de confinamiento de indígenas- ubicada en la actual provincia del Chaco. Allí vivían comunidades de las etnias qom y moqoit en condiciones de semiesclavitud, obligadas a trabajar en las cosechas de algodón.
Según los registros históricos, un grupo de labriegos, entre ellos muchos integrantes de los pueblos originarios, realizaron ese día una protesta por las condiciones de trabajo y los magros salarios que recibían por el levantamiento de la cosecha de algodón, y el entonces gobernador chaqueño, Fernando Centeno, ordenó reprimirla.
Unos 130 policías y gendarmes, acompañados por civiles armados, llegaron hasta la localidad chaqueña y durante 45 minutos dispararon más de 5.000 balas contra niños, ancianos y adultos desarmados. El resultado del ataque fue unos 400 muertos: los cuerpos fueron mutilados y enterrados en fosas comunes. Entre los sobrevivientes, 38 niños fueron entregados como sirvientes a hacendados locales y otros murieron en la travesía.
Fuente: Medios Digitales
