Después de décadas de funcionar con escaso control y procesos de habilitación en trámites nunca acabados, el Observatorio para la Protección, Difusión y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores de Posadas ratificó que agudizará los controles de las residencias geriátricas de larga estadía de la ciudad.
Los números son contundentes, de las 20 residencias geriátricas cuyo funcionamiento se conoce en Posadas sólo cinco están debidamente habilitadas.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, integrante del Observatorio, confirmó que “autorizados con todos los papeles sólo hay cinco geriátricos de esta ciudad y hay un universo de 15 residencias que están en proceso de regularización que quiere decir que iniciaron el trámite pero no lo culminaron… en algunos casos les falta un papelito y en otros sólo presentaron un papelito. Precisamente, lo que estamos decididos a hacer ahora es poner coto a este proceso de regularización porque hay instituciones que están en esta situación hace muchos años”.
Según indicó Penayo, esta fue su postura en la última reunión del Observatorio, que tuvo lugar el miércoles pasado donde se acordó trabajar en esta etapa en profundizar el cumplimiento de las normas de habilitación comercial, de modo a que la actividad, además de ser rentable para los dueños, también garanticen condiciones óptimas de salud a los residentes adultos mayores.
“Ya no hay excusas”
Es un grave problema social el funcionamiento de residencias geriátricas clandestinas, para cuya detección se trabaja con la Policía Comunitaria quien rastrea permanentemente para encontrar las residencias que funcionan fuera del radar institucional. Pero no menos grave son las residencias que funcionan sin haber cumplido con todos los requisitos para su habilitación. “Ya no hay excusas, si la actividad no le rinde al dueño del geriátrico le vamos a pedir que se dedique a otra cosa porque ésta involucra la vida de personas y no hay ningún tipo de margen”, enfatizó Penayo.
A su entender, todo lleva su tiempo pero “así como nos tomamos este tiempo para llegar al punto actual, es imposible ir para atrás… todos los integrantes del Observatorio tenemos una responsabilidad directa o indirecta sobre la manera en que está funcionando esta actividad comercial y lucrativa, porque siempre se está avalando de un lado o del otro… proveyendo de insumos y recursos bajo la lógica de que no es una actividad lucrativa. Esto ya no podemos seguir avalando”, remarcó.
“No es tan complejo como se piensa”
Sin dudas, la gota que colmó el vaso fue el caso de la Residencia Virgen de Itatí, que fue clausurada en marzo pasado luego de esperar más de tres meses que su propietario atendiera las observaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública para avanzar en su habilitación.
Las irregularidades de esta residencia quedaron en el centro de la escena pública luego que una anciana falleciera con un cuadro de desnutrición y su familia denunciara penalmente al propietario de la institución. Otros once adultos mayores vivían en esta residencia hasta el momento de su clausura, “se citó a los familiares para que los adultos mayores fueran reubicados en otras instituciones o queden bajo el cuidado familiar”.
“Si no clausurábamos este geriátrico volveríamos a la misma lógica, la misma excusa, para seguir esperando que se decidiera a cumplir con los requisitos que marca la ley”, opinó el defensor del Pueblo.
Recordó que hace un año, cuando el Observatorio arrancó con los controles “los planteos y excusas de las residencias eran los mismos que los de ahora, lo único que cambió fueron las exigencias, y tenemos dos o tres casos que pasaron de la clandestinidad total a terminar con todo el proceso de habilitación… por eso digo que, si estas residencias pudieron cumplir con todos los requisitos, no hay razón para que las otras no lo hagan”.
Recordó que hay dos instancias para la habilitación, la de infraestructura hospitalaria y la autorización municipal, “el camino no es tan complejo como se piensa y hoy tenemos casos claros para demostrar sobre la mesa que entra en juego una cuestión psicológica, porque muchos empresarios son reacios a terminar el proceso, arrancan y se quedan ahí”.
Penayo recordó que, como defensor del Pueblo, tiene la facultad conferida por la Carta Municipal de convocar por la vía administrativa y judicial a todas estas residencias geriátricas.
Resguardar derechos
A veces, las cuestiones burocráticas quedan por encima de los derechos de los adultos mayores. Por ejemplo, cuando el organismo encargado de la habilitación comercial o el de controlar que el edificio de una residencia geriátrica sea acorde y seguro para el servicio que presta no pueden actuar porque el propietario no inició el expediente.
En este contexto, Penayo destacó la labor de la Comisión de Prevención de la Tortura que forma parte del Observatorio junto a representantes del Consejo Provincial de Adultos Mayores; Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública; Subsecretaría del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, Miembros de la Policía Comunitaria de la provincia; del Programa de Atención Médica Integral (PAMI); Instituto de Previsión Social de la Provincia (IPS); Subsecretaría de Relaciones Públicas e Institucionales del Ministerio de Cultura; Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de la ciudad de Posadas y otras instituciones vinculadas a las políticas públicas y derechos de las personas adultos mayores.
“Hay que disparar mecanismos, si la Municipalidad pide la habilitación comercial y el geriátrico no la tiene, tiene que labrar un acta de infracción que vaya al Tribunal de Faltas. El poder de policía lo tiene el Municipio. En la actualidad, la mayoría de las inspecciones la hace la Comisión de Prevención de la Tortura porque es el único que tiene la facultad de ingresar cuando se presume que hay personas en contexto de encierro”.
