El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández anunciaron ayer medidas que llamaron “de redistribución” de recursos en medio de una inflación que se disparó por fuera de cualquier margen estimado tanto por el Gobierno como por las consultoras.
En esa redistribución, a partir de un alto déficit fiscal que no aporta a conseguir un mejor escenario económico para el país, obviaron hablar de un ingreso en tiempos de emergencia como fue el IFE para la pandemia de COVID.
Al menos por dos meses, jubilados que perciben la mínima, trabajadores monotributistas y empleadas domésticas van a tener un “plus” de entre 9 mil y 12 mil pesos (dependiendo de las cuotas que se fijaron para cada caso).
En paralelo, Guzmán y Fernández “blanquearon” el interés que tienen para que el Congreso sancione un nuevo impuesto a la “renta imprevista”, para los sectores que ganaron más por la guerra entre Rusia y Ucrania. Dejaron la idea de generar recursos con mayor presión impositiva para “redistribuir” en quienes menos tienen.
De fondo, a nadie escapa que quien necesita parte de esa redistribución es el mismo Estado que emitió pesos a niveles récord y ni siquiera la inflación logra licuar los mayores gastos.
Es entonces donde se necesita que el Estado revise sus gastos en un país donde cada impuesto “temporario” o de “emergencia”, cada “blanqueo” de capitales privados y “repatriación” de dinero en el exterior sumó miles de millones que en poco tiempo nadie sabe explicar dónde terminaron.
Mientras tanto, el Presidente sigue hablando de la inflación como problema mundial. Como si el contexto extranjero fuera suficiente para explicar por qué hay millones de familias que no tienen o no les alcanza lo suficiente para vivir dignamente.
Bienvenida la redistribución que en Argentina no parece suficiente para paliar la sucesión de crisis.
