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Críticas a intendente de San Ignacio por asentamiento en calle municipal

18 abril, 2022
TALA ILEGAL. Para construir las chozas, los ocupantes cortan los árboles de canela que están a la vera de la calle.

 

Ante los nuevos intentos de intrusión en el Teyú Cuaré en San Ignacio, propietarios de reservas privadas de toda esa área reclamaron con fuertes críticas al intendente Javier Peralta que clausure las obras que se están levantando en una calle municipal.

“Queremos que el intendente frene ya lo que se va a transformar en un asentamiento si es que no se toman medidas. Como primera medida, nosotros hicimos un pedido, primero dirigido al intendente y luego al Concejo Deliberante, para exponer las graves problemáticas de las cuales somos víctimas en la Colonia Teyú Cuaré”, dijo a PRIMERA EDICIÓN Jorge Rodríguez Leyrias, propietario de una reserva ecológica en el lugar.

“Pudimos asistir a una sesión y se votó a favor de un pedido de informe al Ejecutivo a fin de que tome cartas en el asunto ante las denuncias por inseguridad, ya que presentamos pruebas de las actividades ilegales que, para colmo, cometen los intrusos, porque no están en el Teyú para cultivar la tierra ni cuidar el monte, todo lo contrario: lo están desmontando”, denunció Rodríguez Leyrias con fotografías aéreas como apoyo para sus argumentos.

 

Daño ambiental y ecológico

Además, el hombre presentó otras pruebas y expedientes sobre denuncias judiciales en el foro penal, sobre una primera denuncia de intrusión ya lleva más de 9 años en el juzgado civil 5 de Posadas donde hay una orden de no innovar.

“Nosotros pedimos desde ese entonces que se saque a esas familias del área del Teyú por el daño que le puede hacer al turismo si se origina una villa allí, lo mismo que al medio ambiente”, amplió.

Al mismo tiempo de las acciones en el municipio y en el Concejo, en vez de iniciar acciones para frenar la intrusión, a decir de Rodríguez Leyrias, se comprueba que empezó la construcción de otra casilla en una calle municipal, en el acceso de entrada al hospedaje Lodge con el nombre de “MonteVictoria Eco Lodge”.

“Yo mismo hablé con los concejales a partir de ese hecho para que se ocupen. La respuesta del propio intendente Peralta fue ‘me ocupo’ y nunca se ocupó de nada porque la construcción sigue avanzando”, reclamó.

“Estamos dando apenas una mínima descripción del sinnúmero de atropellos que vivimos a diario por parte de los ocupantes, razón por la cual le pedimos que se nos brinde una solución real para evitar nuevos ingresos y mayor daño”, finalizó Leyrias.

 

 

Permiso “apócrifo”
“Los nuevos ocupantes esgrimen un viejo permiso, que ya no sirve más, pero se usa como argumento en el municipio para dejar cerrado el tema en esa situación y no ocuparse más”.

 

9

años lleva en la Justicia Civil la denuncia por intrusión en Teyú Cuaré. La causa avanza lentamente, y hay orden de no innovar.

 

Sin una solución habitacional

Como antecedente, el año pasado hubo una reunión de vecinos con el municipio para reclamar la relocalización de los ocupantes y en ese entonces Peralta había afirmado que la Comuna no disponía de los medios para hacerlo.

“(Javier) Peralta nos aseguró que no podía sacar a nadie sin darle una solución habitacional, nos preguntamos ¿qué pasa ahora si deja que sigan intrusando?, ¿el municipio va a disponer de los medios si es que algún día quiere sacarlos o todo va a seguir hasta dejar el monte depredado para que prolifere una villa y quienes estamos ahí con emprendimientos para proteger la selva nos tengamos que ir”, lamentó el emprendedor.

Para Jorge Rodríguez Leyrias es necesario que las autoridades intervengan porque “yo mismo filme cómo estas personas hicieron una especie de puerto clandestino donde en pandemia podíamos notar cómo se ingresaba contrabando de neumáticos y tuvimos serios problemas porque pasan por nuestras propiedades”, afirmó.

“Hemos hecho muchas denuncias, por intrusión, por ilícitos que cometen los ocupantes, vandalismo, robos y nada ha tenido resultado y encima ahora están por levantar más casas. En unos años más, si esto sigue así, en vez de ser un polo turístico de San Ignacio se va a convertir en una favela”, finalizó.

 

 

Estarían usando un viejo permiso del exintendente Vanderdorp

Por otra parte, y siempre según el relato de Jorge Rodríguez Leyrias, lo único que ocurrió cuando el municipio envió un inspector junto con la Policía a la zona de construcción fue “permitirle que siga la obra, pese a que quien está construyendo es un menor de edad que usa un permiso otorgado en 2013, pero se trata del mismo permiso que entregó el intendente Arturo Vandendorp a un ocupante que ya construyó en el lugar.

O sea se usa el mismo permiso en una zona de no Innovar y nadie hace nada o lo que se hace es sólo de compromiso. Es decir, ese permiso no corresponde y el municipio permite que se construya igual”, aseguró Jorge Rodríguez Leyrias.

Y prosiguió: “Ese viejo permiso, que ya no sirve más se usa como argumento en el municipio para dejar cerrado el tema en esa situación y no ocuparse más”.

Mientras tanto, la obra no sólo sigue en pie, de acuerdo a lo relatado por el vecino sino que además los ocupantes levantaron un cerco y están pelando el monte, especialmente los árboles de canela, para construir las chozas.

“La semana pasada no avanzaron por los días de tormenta, pero nuestro temor es que sigan y después ya nadie pueda evitar nada. Sostenemos que ahora que no se ha intrusado todavía se puede frenar. Cuando pongan el techo y armen la casa ya no se puede hacer nada”, declaró el emprendedor dueño de uno de los cuatro establecimientos turísticos que se desarrollan en área del Teyú Cuaré y que asegura, tanto él, como el resto de sus vecinos exige “mayor seguridad para los ciudadanos que pagamos impuestos”.

Tags: asentamientocalle municipalocupantesSan IgnacioTeyú Cuaré
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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