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Ecuador: envían a 800 militares y policías para controlar un motín

3 abril, 2022

 

El gobierno de Ecuador informó este domingo que envió 800 efectivos militares y policiales a la ciudad sureña andina de Cuenca, donde un motín en la cárcel de El Turi, iniciado esta madrugada y aún no controlado esta tarde, dejó al menos 12 muertos.

Hasta esta noche había “12 fallecidos identificados”, además de “10 heridos atendidos en las brigadas móviles” en las inmediaciones del penal y 90 reos evacuados de allí, informó la Secretaría de Comunicación.

La situación “todavía” no estaba “controlada”, afirmó el ministro del Interior, general Patricio Carrillo, en conferencia de prensa, según la agencia de noticias AFP.

Carrillo sostuvo que el motín se produjo porque “hay una organización que quiere tener el poder absoluto dentro del centro” y “hay unas células que se han rebelado”.

“El amotinamiento no está controlado y las detonaciones continúan al interior de la cárcel de El Turi”, había reportado esta tarde el diario local El Comercio en su cuenta de Twitter.

El periódico agregó que “los uniformados intentan controlar a los presos con bombas lacrimógenas” y destacó que “la cifra preliminar” era entonces de “11 asesinados decapitados”.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso anunció en un comunicado que “800 miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas fueron movilizados hasta el centro penitenciario para resguardarlo y controlar los hechos de violencia”. Cuenca está situada a unos 470 kilómetros al sur de Quito.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) detalló que a la 1.30 “se activaron los protocolos de seguridad” en la prisión.

 

 

Lasso ordenó que se desplazaran hasta El Turi el ministro de Defensa, Luis Hernández; la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, y el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla.

La Policía afirmó que “desplegadó unidades especializadas” en coordinación con el SNAI y las Fuerzas Armadas “para ejecutar acciones de control ante posibles incidentes”.Por su parte, Carrillo advirtió que “el gobierno ejercerá las acciones para contener la irracionalidad y el radicalismo dentro de los centros” penitenciarios.

Vecinos del centro penitenciario afirmaron que escucharon múltiples detonaciones, como de disparos y bombas, y vieron cómo comenzaban a llegar patrulleros de la Policía Nacional.

También comenzaron a concentrarse en los alrededores del penal familiares de los internos, avisados por teléfono por ellos de lo que estaba ocurriendo. El 23 de febrero de 2021, un motín en el mismo penal dejó 34 reclusos asesinados, la mayoría de ellos decapitados y desmembrados.

 

El Turi es uno de los complejos penitenciarios más grandes de Ecuador y en febrero pasado albergaba 1.708 reclusos. Un informe de fines de 2021 detectó allí 12 fallas en los sistemas de seguridad y control, según el diario El Comercio.

A fines de febrero, el gobierno anunció que invertiría este año 27 millones de dólares en la rehabilitación de presos y que indultaría a reos que hayan cumplido 40% de sus condenas, como parte de un plan para superar la crisis del sistema carcelario.

Ecuador enfrenta severos problemas en ese sector, que se manifestaron el año pasado con enfrentamientos entre bandas dentro de penales, que dejaron 327 muertos, lo que llevó al Ejecutivo a imponer 60 días de estado de excepción.

Con 65 prisiones con capacidad total para unas 30.000 personas, en Ecuador hay actualmente unos 39.000 reclusos, de los cuales 15.000 aún no tienen sentencia.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: cárcelEcuadorEl TuriMotínMuertos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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