Este viernes, el Gobierno envió al Congreso el memorando de entendimiento (la “letra chica”) del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que comenzará a ser debatido en los próximos días por los legisladores.
Este acuerdo incluye metas fiscales, de reducción de asistencia monetaria del Banco Central (BCRA) y de acumulación de reservas, pero también proyecciones de inflación, un esquema de suba de tarifas y recorte de subsidios y un esquema para reducir controles cambiarios.
En el memorando también se detalla cómo serán los pagos que recibirá la Argentina en los próximos meses. Lo que obtuvo la Argentina es un acuerdo ampliado (EFF) por un período de 30 meses y un monto de DEGs 31.914 millones.
Esto es equivalente a aproximadamente USD 45.000 millones o 1.000% de la cuota de Argentina. Los desembolsos coincidirán con las fechas de las revisiones trimestrales que se realizaran para monitorear el programa.
El calendario solicitado por el Gobierno es el siguiente: DEGs 7.000 millones al momento de aprobación del programa por el Directorio Ejecutivo del FMI (cerca de u$s9.660 millones); DEGs 3.000 millones al momento de la primera revisión (unos u$s4.170 millones); DEGs 3.000 millones al momento de la segunda revisión (unos u$s4.170 millones); DEGs 4.500 millones al momento de la tercera revisión (unos u$s6.255 millones); DEGs 4.000 millones al momento de la cuarta revisión (unos u$s5.560 millones); DEGs 3.000 millones al momento de la quinta revisión (unos u$s4.170 millones); DEGs 2.500 millones al momento de la sexta revisión (unos u$s3.475 millones); DEGs 2.500 millones al momento de la séptima revisión (unos u$s3.475 millones); DEGs 800 millones al momento de la octava revisión (unos u$s1.112 millones); DEGs 800 millones al momento de la novena revisión (unos u$s1.112 millones); DEGs 814 al momento de la décima revisión (unos u$s1.131 millones).
Con todo, en el documento oficial, el Gobierno alertó sobre las “importantes incertidumbres” a las que está sujeta la economía argentina, lo que implica que las políticas acordadas tengan que “recalibrarse” según corresponda. Esos riesgos son:
1. Una mayor reintensificación de la pandemia, con el potencial riesgo de circulación de nuevas variantes del virus, eventuales medidas restrictivas y perturbaciones del comercio.
2. La intensificación de las tensiones geopolíticas, incluidos las que están relacionadas con el conflicto en Europa del Este, que aumentaron “significativamente” la incertidumbre alrededor del escenario base planteado por el Gobierno, especialmente para los subsidios de energía.
3. Las condiciones mundiales y regionales podrían empeorar y eso complicaría las perspectivas para Argentina. El crecimiento de los socios de la Argentina comerciales podría decaer y los términos de intercambio podrían deteriorarse si los precios mundiales de los productos agrícolas se vieran afectados y si los precios internacionales de la energía siguieran creciendo.
4. Los shocks relacionados con el clima podrían afectar las exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales. Pero el Gobierno tampoco descarta riesgos al alza. Las condiciones externas podrían tornarse más favorables, y la recuperación podría ser más vigorosa de lo previsto, en especial en los sectores, como el de servicios, que se vieron más duramente golpeados por la pandemia.
“Lo primero es atacar el problema inflacionario para calmar las expectativas. Pero si hay escasez de reservas internacionales hacer eso resulta imposible”, indicó Martín Gúzman, ministro de Economía.
