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Gas: desde hoy rige un aumento del 20% para la red domiciliaria

1 marzo, 2022
GAS LICUADO. Los fraccionadores están a la espera de que se autorice el ajuste, pero en el mercado ya se vende más cara.

GAS LICUADO. Los fraccionadores están a la espera de que se autorice el ajuste, pero en el mercado ya se vende más cara.

GAS LICUADO. Los fraccionadores están a la espera de que se autorice el ajuste, pero en el mercado ya se vende más cara.

 

Rige a partir de hoy un aumento de entre 19% y 20% en las tarifas de gas para usuarios de redes residenciales y en cilindro y de hasta 15% para las PyME.

Sin embargo, desde la semana pasada ya se aplicaba un ajuste de hasta 30% por el flete a domicilio. De esa forma un cilindro de 45 kilos que valía $4.700 pasó a costar $6.500, mientras que el cilindro de 10 kilos, que se cobra $525 en la boca de expendio de las empresas, por su envío a domicilio se paga entre $850 y $900.

“Nosotros nos regimos por lo que dicta la Secretaría de Energía de la Nación, que en el mes de marzo autorizó un ajuste del 20%. En cuanto a los aumentos que se están aplicando, no sé que puede estar pasando, estimo que es por los fletes para el reparto a domicilio, que es algo que podría de alguna manera estar justificado, pero otro motivo no habría y no tengo noticias”, afirmó el director de Gas de la Provincia, José Tomaselli.

 

Supongo que los fraccionadores están esperando que Energía autorice también un ajuste en lo que corresponde al gas licuado”.

José Tomaselli, director de Gas de Misiones

 

“Acá hay una cuestión que es muy clara: lo autorizado en las bocas de expendio de las fraccionadoras para la garrafa de 10 kilos es de $525. A partir de ahí, el usuario que compre en un almacén o se lo lleven a su casa ya va a estar pagando otro valor”, se explayó.

En ese sentido, Tomaselli afirmó que a veces el producto puede estar más barato en los comercios de cercanía porque su propietario vende gas como “servicio, porque es el gancho para los clientes”.

“Después está la cuestión del flete, que es cerca de $300 o más dependiendo de la distancia, como cualquier servicio que se realiza con entrega a domicilio”, agregó.

“No quiero decir con esto que esté bien, porque los cilindros de gas no pueden ser transportados sin las condiciones legales y de seguridad. Todo lo contrario, pagamos un gas caro porque desde su privatización no quedó constituido como un servicio público sino que se comercializa con criterios de mercancía y esto es lo que está pasando”, analizó el funcionario provincial.

Y aseguró: “Se están haciendo algunos esfuerzos para que el gas sea considerado servicio público, pero en verdad todavía no hay novedades con respecto a eso”.

 

Los detalles del ajuste

Según el Decreto 91/2022, el recálculo tarifario que tendrá vigencia durante marzo autoriza un incremento de ingresos de 60% para las empresas transportistas y del 36% para las distribuidoras.
Se aplicarán distintos ajustes por categoría de usuario y cargo. Así, para usuarios residenciales, el cargo será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35%, al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC). Para grandes usuarios, el cargo será del 70%; para subdistribuidores, del 10% y para el servicio general G (para usos no domésticos, en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima) 50%. La suba de tarifas apunta a disminuir los subsidios y es uno de los puntos del acuerdo con el FMI.

Tags: Aumentos de preciosGas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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