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Juez rechazó un habeas corpus contra el pase sanitario

17 enero, 2022
DOS VACUNAS CONTRA EL COVID-19. Es la exigencia que estableció la implementación del pase sanitario.

 

La Justicia misionera dictó este lunes una primera resolución sobre el paquete de denuncias contra la implementación del pase sanitario en la provincia, que promovieron el diputado obereño, Horacio Loreiro y referentes del PRO en distintos puntos de la provincia.

Fue el Juzgado de Instrucción 3 con la firma del magistrado Martín Brites (subrogando a otro magistrado), ante la presentación de un habeas corpus contra la exigencia de la vacunación con dos dosis contra el COVID-19, firmada por los excandidatos municipales macristas de Puerto Esperanza, Hugo Omar Saucedo y Mónica Beatriz Yegros.

Los denunciantes aseguraron que la obligación establecida por el Estado se hacía “bajo pena de privar de ejercer libremente actos administrativos en reparticiones públicas o privadas, así como de concurrir a centros educativos, eventos sociales, de recreación o deportivos, que se dé a conocer”.

Sin embargo, el juez Brites dijo en Radio República que “era un habeas corpus colectivo, que nosotros llamamos de carácter preventivo, que busca básicamente evitar en la cotidianidad de los casos la restricción de la libertad personal. Y lo cierto es que la presentación fue rechazada in limine porque estas personas, al momento de interponer la acción, no supieron justificar en concreto o en forma contundente cuál era la limitación o amenaza contra la libertad ambulatoria que es uno de los requisitos para la procedencia de cualquier habeas corpus en la provincia y en el territorio nacional”.

 

No hay limitaciones a la libertad

El magistrado iguazuense explicó que “la ley de habeas corpus es clara y precisa y determina que hay dos circunstancias que tornan procedente una acción de habeas corpus: la primera es la limitación o privación de la libertad ambulatoria. Según la exposición que hicieron estas personas (por Saucedo y Yegros), no tendrían ningún tipo de limitación o restricción a esa libertad ambulatoria”.

Finalmente, el juez Martín Brites consideró que “hay otras cuestiones que, en momentos determinados, adquieren prioridad por otros temas (para la habilitación del habeas corpus). En este caso en una situación tan específica, tan delicada y tan concreta como es la situación de pandemia, entiendo en lo personal como administrador de Justicia que no hay un ejercicio abusivo o arbitrario al momento de exigir este tipo de medidas. Por eso se le rechazó in limine la presentación a este colectivo de personas”.

 

Planteo no justificado

Los excandidatos del PRO de Puerto Esperanza, Hugo Omar Saucedo y Mónica Beatriz Yegros, sostuvieron en su escrito judicial que con el pase sanitario “…existe una limitación a la libertad, y se convierte a los ciudadanos misioneros al no poseer el referido permiso, en ciudadanos de segunda, virtuales ‘muertos civiles’, además argumentan que ninguna declaración de Emergencia sanitaria puede pasar por alto la Constitución o la legislación nacional, ni privar de la libertad”.

El juez Brites, en la resolución a la que accedió PRIMERA EDICIÓN sostuvo que ello no se pudo comprobar y justificó la medida en la preservación de la salud pública. “ Se remarca que la resolución dictada por los Ministerios es para preservar la salud pública, y la reglamentación dispuesta por la norma se encuentra motivada en forma razonable por cuanto, no se advierte otro mecanismo posible en este estado del conocimiento científico”.

Citó jurisprudencia de la Corte Suprema al afirmar que “ es así que en todo este contexto de pandemia, es claro que la exigencia de acreditar un esquema de vacunación completa tiene en miras, entre otros horizontes, limitar la concurrencia de personas no vacunadas, o con esquemas de vacunación pendientes, a lugares donde se desarrollan actividades de elevado riesgo epidemiológico y que, por su naturaleza, implican mayor posibilidad de contagio para la población. Evidentemente se trata de una regulación tendiente a la protección de la salud pública como bien jurídico primordial (CSJN Fallos: 31:273; 326:4931; 329:2552; 340:1269; 341:919; entre otros), a la prevención de la propagación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y, también, al fomento de la vacunación como medio comprobadamente eficaz para eliminar o mitigar ese flagelo”.

Tags: Coronavirus Covid-19Habeas corpusJusticiaPase Sanitario
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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