El Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Rico, a cargo del magistrado Leonardo Manuel Balanda Gómez, elevó a juicio la causa donde una mujer de 45 años está acusada de varios abusos sexuales en un hogar de menores donde era madre sustituta, indicaron las fuentes.
Tal como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN, la denuncia que disparó la investigación fue radicada en noviembre de 2019 por una psicóloga y docente que trabajaba con niños y adolescentes en un hogar de Puerto Rico.
La sospechosa no fue detenida en forma inmediata. El mencionado magistrado escuchó a las víctimas, al menos seis menores quienes tenían entre 13 y 16 años y a los que ella tenía la obligación de proteger.
Los mismos declararon a través de la Cámara Gesell, ante autoridades judiciales y peritos del Poder Judicial. Fue entonces que un mes después de iniciarse las pesquisas la Justicia pudo confirmar que existieron abusos y tormentos por parte de la mujer, quien finalmente fue arrestada.
Luego de diversas medidas y vías recursivas que se fueron resolviendo con el correr de la investigación, a la involucrada se le dictó la prisión preventiva y con una calificación que es la misma con la cual ahora deberá ir al banquillo de los acusados: “corrupción de menores en concurso real”.
La mujer es una vecina de Puerto Rico, quien comenzó a trabajar en el Hogar para cubrir el puesto ante la ausencia de la persona titular. Los casos ocurrieron en un lapso que abarcó varios meses de 2018. Pero recién más de un año después, cuando la acusada no estaba en la institución, los casos salieron a la luz.
Como pasó el tiempo y tal vez al intuir que la mujer ya no iba volver, los menores comenzaron a perder el temor a las amenazas proferidas por la “sustituta”. Cuando hablaban con la docente comenzaron a “soltarse” y relataron las situaciones que habían padecido.
Dijeron que fueron sometidos a golpes y maltratos de todo tipo en diferentes situaciones cotidianas, inclusive a la hora de ingerir alimentos. También hechos de índole sexual a las que eran obligados los adolescentes. Les decía que se sacaran la ropa y los incitaba a que tuvieran relaciones.
Además tomaba registros fotográficos y hasta fílmicos de esas acciones. Por esta cuestión en particular, cuando se disparó la investigación se ordenó un allanamiento en la vivienda de la sospechosa, donde incautaron teléfonos celulares y una computadora.
Sospechosa
Todos los relatos fueron coincidentes acerca de las irregularidades que ocurrieron en el Hogar mientras “La Tía”, como la llamaban las víctimas, trabajó allí. Esto fue fundamental para que a la mujer se le dictara la prisión preventiva.
Cuando fue citada a indagatoria por el juez de la causa optó por hablar y negó todas las acusaciones en su contra. Estaba a cargo de un grupo de jóvenes en situación de vulnerabilidad y desamparo sin ser docente, cuestión que agravó aún más su situación procesal.
