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Fiesta en Olivos: se borraron grabaciones de las cámaras de vigilancia

18 noviembre, 2021
LA FOTO DE LA POLÉMICA. Cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena, en julio del 2020.

LA FOTO DE LA POLÉMICA. Cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena, en julio del 2020.

Fiesta en Olivos

La Dirección de Análisis Delictual de Vicente López le comunicó al juzgado que lleva la causa por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos que se borraron las imágenes de las cámaras de seguridad. El material había sido pedido por la jueza Sandra Arroyo Salgado antes de que la causa llegué al despacho del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

El juzgado de Mirabelli contará con menos pruebas fílmicas sobre la causa que explotó este 2021 respecto a la fiesta que la primera dama organizó mientras en el país regía la cuarentena estricta, según informó la agencia Noticias Argentinas.

De esa manera lo informó la dirección que analiza los delitos dependiente de la Secretaría de Seguridad de Vicente López en un comunicado que indica que los registros audiovisuales se borraron del disco rígido. Por orden de la Cámara Federal de San Martín, los expedientes que pertenecen a la causa popularmente conocida como “Olivos Gate” se encuentran en el juzgado de Mirabelli.

Fue por eso que la municipalidad que encabeza Jorge Macri le envió un comunicado informando que las imágenes de los ingresos y egresos de la quinta presidencial habían sido eliminados.

“Las cámaras de video vigilancia dependientes de la Secretaría de Seguridad de Vicente López, ubicadas en la vía pública, poseen un resguardo de almacenamiento de entre 25 y 30 días, salvo que se reporte la existencia de un hecho y la fuerza policial y/o el sistema de justicia soliciten preservar las imágenes vinculadas a ese evento dentro del plazo antes señalado“, detalla el texto sobre las razones de la eliminación de imágenes.

También explican que las imágenes no fueron solicitadas y que cumplieron con el tiempo de guardado dentro de las cámaras. “No registrando reportes de eventos vinculados a las cámaras ubicadas en zona aledañas a la Residencia Presidencial de Olivos en las fechas y horas requeridas, y no habiéndose solicitado, por ende, preservación de imágenes dentro del plazo por el cual se conservan las mismas, es que no contamos con el material fílmico pedido“, especificaron.

De acuerdo a NA, las filmaciones habían sido solicitadas por Arroyo Salgado cuando tenía en su despacho una de las tantas causas iniciadas por la fiesta en la Quinta de Olivos.

 

Últimos movimientos de la causa

El 2 de noviembre, la Justicia Federal de San Isidro reactivó la actividad en el expediente que investiga la fiesta de cumpleaños en Olivos y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del DNU con medidas sanitarias que estaba vigente en ese momento presentado Stefanía Domínguez, una de las invitadas, representada por el abogado Mauricio D’Alessandro.

La decisión la tomó el juez federal Mirabelli, luego de haber sido ratificado a fines de octubre y competir por tener la causa con su colega Sandra Arroyo Salgado. Ante eso, la Cámara Federal de San Martín arbitró a su favor y le mandó el expediente al Juzgado.

De ese modo, el juez debía tomar cartas en por lo menos dos presentaciones: el planteo de inconstitucionalidad y el del presidente Alberto Fernández sobre la inexistencia de delito y la propuesta de reparación.

Validado al frente de la causa, el juez decidió empezar por el rechazo a la inconstitucionalidad. Por eso, en su resolución, sostuvo que no le hace lugar al pedido porque considera que no se advierte la necesidad de invalidar los decretos cuestionados porque no aparecen “irrazonables” frente al caso.

Cuestionó, además, que la defensa no argumentó los motivos por los cuales el DNU sería inconstitucional.

Fuente: Medios Digitales

Tags: #JudicialesCámaras de SeguridadFiesta en Olivos
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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