Voces calificadas y actores centrales detrás de una solución para los problemas de hacinamiento de detenidos imputados, procesados y condenados federales en Misiones, iniciaron hace pocos días la denominada “Mesa para renovar lazos de articulación interinstitucional”, en la que se volcarán al debate y se agilizarán las medidas pertinentes.
El convocante a la primera reunión (8 de noviembre) fue el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Manuel Alberto Jesús Moreira, también a cargo del Juzgado Federal de Ejecución Penal en Misiones.
Correspondieron a la invitación, la jueza federal de Primera Instancia de Posadas, María Verónica Skanata; la fiscal General ante el Tribunal, Vivian Andrea Barbosa; la defensora pública oficial Susana Beatriz Criado, Javier Rea coordinador de extranjeros judicializados de la Dirección Nacional de Migraciones; el presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Scherer; la secretaria delegada de la Cámara Federal de Casación Penal, Laura Cecilia Giberto, junto a otras autoridades de la Procuración Penitenciaria de la Nación, secretarios del Juzgado Federal de Ejecución Penal y dos directores de la Unidad Colonia Penal 17 “Candelaria” del Servicio Penitenciario Federal. La mesa apunta a preservar las garantías constitucionales y los derechos humanos de los detenidos o personas en contexto de encierro por delitos federales.
En esta primera cita las partes describieron y coincidieron en que en la provincia el primer punto para reducir el hacinamiento carcelario en dependencias provinciales, es la ampliación de la colonia penal de Candelaria del Servicio Penitenciario Federal o la construcción de otras dependencias.
Pero también se insistió en que el engranaje de las instituciones u organismos participantes, peticionen “en forma conjunta al gobierno nacional o provincial sobre cuestiones administrativas o de decisión netamente política, evitando de esta manera la judicialización innecesaria de temas, dando como ejemplo la falta de cupo de alojamiento para personas privadas de su libertad en lugares de alojamiento federales, lo que genera el alojamiento en lugares inapropiados, que no están preparados ediliciamente, que no cuentan con los recursos humanos adecuados, y no disponen de la estructura para la resocialización de los detenidos, ni el cumplimiento de las disposiciones de la ley 24.660 respecto al régimen de progresividad”, resaltó Moreira.
Se destacó como “urgente” solucionar los cupos de alojamientos federales. “Se evidenció que tenemos la cantidad más alta de detenidos en comparación con otros tribunales orales del país”, agregó pero además contextualizó este punto: “Se plantea la necesidad de que el Gobierno tanto nacional como provincial, ante la política criminal de lucha contra las drogas y el contrabando, revise las consecuencias. Qué sucede con la cantidad de detenidos de tantos procedimientos exitosos realizados (…) Se debe generar un compromiso político de garantizar lugares de alojamientos adecuados”. También su opinión fue tajante: “El éxito de los procedimientos de las fuerzas públicas se lo acredita el poder político y el resto de los actores se lleva el fracaso y los reclamos generados por este sistema represivo”.
Una cárcel federal de mujeres
Por la Procuración Penitenciaria de la Nación, participó Oscar Zacoustegui (responsable de vigilancia de los Centros de Detención no Penitenciarios de la Frontera Norte) remarcó que hay “necesidad de una cárcel federal de mujeres y menores en el Noreste”, pero también que “urge revisar reglamentos penitenciarios que datan del 1997”.
Sugirió que las juntas de calificación dentro de las unidades se realicen cada dos meses y no cada 90 días. “Cuando ingresan a la unidad, ingresan al período de prueba, algunos con dos años de detención fuera del servicio, lo que genera una desigualdad muy grande con las personas que desde sus inicios cumplen condena en unidades federales y afecta los posibles beneficios que puedan alcanzar en el régimen de progresividad”.
Reconoció también la falta de recursos para mantenimiento de las unidades penales del SPF y que esto genera condiciones de detención inaceptables. Apoyó la ampliación de la Unidad 17 de Candelaria, “cuenta con un predio de 100 hectáreas y hay que generar cupos de alojamiento para, por lo menos, cien internos más”.
Para la fiscal Barbosa es necesaria la ampliación de la Colonia Penal de Candelaria y hay que peticionar en forma conjunta al gobierno provincial y nacional. Coincidió la jueza Skanata y propuso como medida previa que los internos federales estén alojados provisoriamente en “dos o tres comisarías de la provincia todos juntos”.
Al respecto, Eduardo Scherer (presidente de la CPPT) informó que en Misiones se identifican 154 personas privadas de su libertad bajo la órbita de la Justicia Federal, de las cuales 100 (29 condenados y 71 procesados) se encuentran alojadas en comisarías.
Eugenio Bolotner, miembro de la Unidad de Control de la Ejecución de las Penas sostuvo que “si no se garantizan condiciones en la cárcel, un escuadrón o comisaría, el imputado tiene que estar en su casa. Hay modalidades de seguimiento con tobilleras electrónicas en casos de detenidos de edad avanzada, padres con hijos menores de edad”. También ponderó las expulsión anticipada del país como alternativa.
No sólo entre rejas
Entre los puntos tratados se remarcó la revisión de medidas reparadoras para privados de la libertad en el ámbito “extramuros” como resocialización, adelantamiento de fases, revisión de calificaciones y régimen preparatorio para la libertad, entre otras.
