La “maquinita” de imprimir billetes retomó su ritmo 24×7 luego de la derrota electoral en las PASO, que encendió todas las alarmas oficiales. Bajar el déficit fiscal dejó de ser una prioridad y el plan “Platita” apareció en escena con toda la furia.
“Hay que darlo vuelta el 14 de noviembre porque con un Congreso en contra será muy difícil gobernar”, analizan cerca de la Casa Rosada.
Por eso el Poder Ejecutivo echa mano a todos los recursos disponibles y el Banco Central es un aliado clave: ya le transfirió al Tesoro más de $1 billón en el año.
A eso se sumó la jugada contable y polémica del ministro de Economía, Martín Guzmán, que incorporó al presupuesto los u$s4.330 millones recibidos en derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), para hacer frente a vencimientos del capital de la deuda en septiembre.
En la misma jugada, emitió letras intransferibles por un monto equivalente a 10 años de plazo, que le “vendió” al ente monetario para hacerse, a su vez, de más pesos.
El auxilio del BCRA
Diego Piccardo, especialista de la Fundación Libertad y Progreso, indicó a iProfesional que en octubre el BCRA ya le giró al Tesoro $162.712 millones entre Adelantos Transitorios ($145.000 millones) y Transferencia de Utilidades ($17.712 millones).
Piccardo detalló que “en lo que va del año se transfirieron $787.712 millones por este concepto” y dijo que esto explica por qué Guzmán debió “acudir a una alquimia monetaria con los DEG para ampliar la capacidad legal de financiamiento mediante Adelantos Transitorios en $427.401 millones, ya que, si no lo hacía, no iba a haber plata para el gasto electoral”.
En lo que queda del año, Guzmán todavía tiene que refinanciar alrededor de $950.000 millones, estimó Piccardo. “Si llega a ocurrir un traspié, no sólo se incrementará el financiamiento monetario para este año, con su correspondiente impacto en los mercados paralelos del dólar y los precios, sino que dejará un interrogante muy fuerte acerca de las fuentes de financiamiento para el 2022”, señaló.
Esta cuestión preocupa a los inversores que preguntan ¿cómo hará la Argentina para hacer frente los fuertes vencimientos del 2022, más allá de un acuerdo con el FMI?”.
El plan “platita”
En el paquete electoral para el 14N se incluyen los anuncios que ya se concretaron, como la suba del piso salarial a partir del cual se paga Ganancias, con un costo fiscal de unos $8.000 millones (el Fisco ya había resignado $55.000 millones con la actualización aprobada en marzo).
A esto hay que sumar lo que se destine a obras públicas y otros programas para llegar a unos $550.000 millones hacia fin de año, según cálculos de la consultora Invecq.
Entre las medidas ya vigentes está la suba del salario mínimo a $32.000, una mejora que también llega a los beneficiarios de ciertos planes sociales. El más importante es Potenciar Trabajo, donde 1 millón de personas pasarán de cobrar $14.500 este mes a percibir $16.000 en octubre. Se estima que hasta las elecciones el Gobierno destinará unos $2.000 millones para ese programa.
Además esto dispara una leve alza de las jubilaciones: un “extra” de apenas $318 al mes, que demandará una partida de $640 millones adicionales en los próximos dos meses.
También se extendió la vigencia del REPRO II, el programa de asistencia a empresas afectadas por la pandemia: $9.000 millones al mes.
Y a esa cantidad de fondos se sumarán $3.000 millones destinados a financiar a micro y pequeñas empresas con proyectos estratégicos que mejoren su productividad.
Ajuste en jubilaciones
Cerca de la alianza gobernante explican que una de las razones por las que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó los recortes en el gasto público hay que encontrarlas en las jubilaciones.
Los números parecen darle la razón: el gasto primario cayó 3,2% en los primeros nueve meses del año, con un fuerte descenso real del 45% en los programas sociales y del 7,4% en las jubilaciones, que representaron casi $2,4 billones entre enero y septiembre últimos. “Estamos bajando del déficit fiscal sin ajuste”, respondió Guzmán.
Pero según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los programas sociales presentaron una fuerte disminución en términos reales por la eliminación de los programas IFE y ATP, que se compensó parcialmente por el refuerzo presupuestario en otras iniciativas como los programas Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, becas PROGRESAR y el REPRO.
Como contrapartida, los subsidios energéticos y los gastos de capital, lideraron la expansión de gastos, con subas de 56,9% y 71,9%, respectivamente. La inversión pública en Vivienda y Urbanismo se incrementó 280% en promedio, por aliento al Pro.Cre.Ar y al Fondo Fiduciario de Vivienda Social. En los primeros nueve meses del año los gastos primarios sumaron $6,4 billones, de acuerdo con las cifras oficiales.
Pero las transferencias en programas sociales fueron de sólo $540.680 millones, un 45% inferiores al nivel alcanzado en los primeros nueve meses de 2020. “Esta caída obedece a la alta base de comparación, dada la implementación del IFE y el ATP para combatir la pandemia durante el año pasado”, explicaron desde la OPC.
Cristina Kirchner quiere que se acelere la ejecución de la asistencia social y la obra pública para que se note con toda la fuera posible en el bolsillo del electorado.
Calentar el consumo
La emisión monetaria acrecienta la desconfianza hacia el peso, que a su vez es perjudicada por un ruido electoral que hizo ascender al dólar blue cerca a los $200.
Especialistas estiman que el Gobierno están volcando a la calle 1 millón de billetes de $1.000 por día en lo que va de 2021. La producción no se detiene a pesar de que la cantidad total de billetes se redujo, por la salida de circulación de billetes viejos de $100.
La súper demanda incluso obligó a la Casa de la Moneda a contratar la producción de billetes en el exterior. Todo en un escenario inflacionario que preocupa también al FMI. La economista jefe del Fondo, Gita Gopinath, alertó que la expectativa de inflación de Argentina está “desanclada, en parte por la dependencia del financiamiento monetario”. En definitiva, el Fondo pide al Banco Central bajar la emisión de moneda.
Entre las PASO y las elecciones del 14 de noviembre se estima que el Gobierno volcará unos $160.000 millones para alentar el consumo. A eso se suma el polémico congelamiento de precios de más de 1.400 productos, que no le gustó el empresariado.
La misión del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, es desacelerar la inflación en octubre, como sea.
Déficit, los números que preocupan
Hasta la derrota en las primarias, el Gobierno venía achicando el déficit fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Entre enero y septiembre de este año la administración nacional redujo en términos reales el déficit primario (68,8%), financiero (57,3%) y económico (74,7%) en comparación con el mismo período del 2020.
Incluso, si se contabiliza el artilugio contable aplicado por Guzmán con los DEG enviados por el FMI, se podría concluir que las cuentas públicas registraron en septiembre un inédito superávit primario de unos $291.000 millones.
Pero si no se contabilizan los DEG ni el aporte extraordinario de las grandes fortunas, se vuelve a la realidad: en septiembre hubo déficit primario de $155.525 millones y financiero de $209.703 millones.
El dato que preocupa a los financistas es que en septiembre el gasto fue de $873.000 millones y subió 42,5% interanual.
