La audiencia para indagar al fiscal general federal de Misiones, Rubén Ángel González Glaría, ante el juez federal de Posadas, José Luis Casals fue suspendida este miércoles minutos antes de las 9 por un cuadro o patología respiratoria severa que cursa el abogado defensor, Hugo Daniel Zapana.
La nueva fecha se conocerá luego de que los profesionales de la Junta Médica indiquen si está en condiciones.
La indagatoria, tal como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN, debía realizarse el lunes pero fue modificada para ayer bajo pedido del acusador, Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación, quien investiga a González Glaría por la presunta comisión de los delitos de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”.
González Glaría (67) ocupa el cargo de mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal de la Nación en esta provincia y su pedido de indagatoria fue remitido el 21 de agosto y 16 de septiembre y surgieron tras la denuncia de Marcelo Quiroz, un secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
El desempeño de González Glaría como funcionario fue señalado por el denunciante en varios puntos. Uno de ellos tiene como víctima a Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General, quien durante cuatro años (2008-2012) fue contratada y habría sido obligada a darle dos tercios de su salario mensual al fiscal general.
En el pedido de Turano se destaca que, en el caso de la prosecretaria Bogado, cuando fue efectivizada en su cargo padeció “rispideces y malos tratos del fiscal, hasta que dispuso su traslado a otra dependencia (…) Tenía su oficina frente a la del fiscal y los días que cobraban debía entregarle el dinero en un sobre a González Glaría (…) Aceptó hacerlo dado el estado de precarización laboral en la que se encontraba”.
Las denuncias por amenazas en tanto, tendrían como víctimas a Marcelo Quiroz y su hija Andrea Quiroz, abogada y prosecretaria fiscal.
Siempre de acuerdo a las presentaciones pertinentes de Turano al juez Casals, la abogada fue nombrada en la Fiscalía Federal de Oberá, hasta que en 2017 solicitó su traslado a Posadas. Lo consiguió y fue asignada a la Fiscalía Federal 2. Al enterarse González Glaría citó a su padre y “de manera violenta le ordenó que le dijera a su hija que cancele el traslado. Su enojo apuntó a que lo iba a dejar mal parado frente a un amigo cuyo hijo era prosecretario de la Fiscalía de Oberá y también habría pedido su cambio a Posadas”.
También Turano remarcó que González Glaría habría incurrido en “uso irregular” de recursos de funcionamiento de la Fiscalía General. “Habría pretendido pasar sus gastos de combustible de su automóvil y otros gastos a través de la caja de Fiscalía”.
Quiroz también denunció que le sacaron la función de certificar la subrogancia que ejercía González Glaría como Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil de Posadas. “Se le asignó esa responsabilidad a otro secretario sin posibilidad de verificar si efectivamente trabajaba y tenía derecho a cobrar la subrogancia”. Según el denunciante, sólo iba “una o dos veces por semana” a cubrir el cargo.
En cuanto a la imputación por “peculado”, la denuncia apunta a la utilización “para uso personal” de una camioneta asignada a la Fiscalía General. “La Fiscalía de Cámara tenía asignados dos vehículos en depósito judicial. Una Nissan Frontier 2016 a la que el fiscal general puso el seguro a su nombre y los informes migratorios registraron cruces al Paraguay durante dos años. La habría devuelto cuando surgieron las denuncias”.
Por “ejercicio de funciones correspondiente a otro cargo”, González Glaría es señalado en una causa por trata y explotación laboral que involucró a una empresa del exgobernador Federico Ramón Puerta. El expediente correspondía a la Fiscalía 2 (Diego Stehr) pero la acusación sostiene que el fiscal general tomó la investigación y sobreseyó a Puerta.
