En noviembre de 2019, la denuncia de una psicóloga y docente que trabajaba con niños y adolescentes de un Hogar de esta localidad, permitió que se llevara a cabo una investigación contra una madre sustituta.
Las pruebas recabadas permitieron saber que varios de ellos fueron víctimas de abusos y maltratos. La causa avanzó y hoy la mujer de 45 años está a un paso de que su caso llegue a juicio.
Según pudo saber este Diario, la fiscalía de Instrucción 1 de Puerto Rico a cargo de Héctor Daniel Simon, giró el expediente al Juzgado con la requisitoria para que sea elevado a debate.
La carátula refiere “corrupción de menores agravada”, por hechos reiterados que ocurrieron de parte de la imputada contra al menos seis adolescentes a los que tenía la obligación de proteger.
El caso fue conocido cuando en diciembre de 2019, el juez Leonardo Manuel Balanda Gómez ordenó la detención de la mujer, luego que una serie de pericias de Cámara Gesell confirmaran que la sospechosa había sometido a tormentos a los menores, que tenían entre 13 y 16 años.
La mujer es una vecina de Puerto Rico, quien comenzó a trabajar en el Hogar para cubrir el puesto ante la ausencia de la persona titular. Los casos ocurrieron en un lapso que abarcó varios meses de 2018. Pero recién más de un año después, cuando la acusada no estaba en la institución, los casos salieron a la luz.
Como pasó el tiempo y tal vez al intuir que la mujer ya no iba volver, los menores comenzaron a perder el temor a las amenazas proferidas por la “sustituta”. Cuando hablaban con la docente comenzaron a “soltarse” y relataron las situaciones que habían padecido.
Dijeron que fueron sometidos a golpes y maltratos de todo tipo en diferentes situaciones cotidianas, inclusive a la hora de ingerir alimentos. También hechos de índole sexual a las que eran obligados los adolescentes. Les decía que se sacaran la ropa y los incitaba a que tuvieran relaciones.
Además tomaba registros fotográficos y hasta fílmicos de esas acciones. Por esta cuestión en particular, cuando se disparó la investigación se ordenó un allanamiento en la vivienda de la sospechosa, donde incautaron teléfonos celulares y una computadora que fue sometida a pericias para hallar material probatorio de esos dichos. Los testimonios en Cámara Gesell fueron contundentes.
Todos los relatos eran coincidentes acerca de las irregularidades que ocurrieron en el Hogar mientras “la tía”, como le decían las víctimas, trabajó allí. Esto fue fundamental para que a la mujer se le dictara la prisión preventiva.
Cuando fue citada a indagatoria por el juez de la causa optó por hablar y negó todas las acusaciones en su contra. Por otra parte, la investigación descubrió la situación polémica y hasta grave respecto a la labor de la sospechosa en esa institución.
Estaba a cargo de un grupo de jóvenes en situación de vulnerabilidad y desamparo sin ser docente, cuestión que agravó aún más su situación procesal.
Denegatoria de la domiciliaria
Oportunamente la defensa de la acusada solicitó que se le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, referido a un tratamiento médico específico que tenía que realizarse.
En principio, luego que la Justicia analizara el tipo de dolencia que padecía la mujer, entendieron que la atención médica que demandaba podía ser brindada dentro del Servicio Penitenciario Provincial.
Esto fue apelado y finalmente confirmado por la Cámara por lo cual, la mujer continuará en prisión hasta que eventualmente se fije fecha de debate y un Tribunal dicte sentencia.
