El Gobierno español anunció esta semana una ley de vivienda que, entre sus puntos centrales, regulará los precios de los alquileres y penalizará las propiedades vacías, iniciativa que busca solucionar los déficits en el área, que afectan a casi un cuarto de su población, pero que es rechazada por la oposición, que no la implementará en las comunidades donde gobierna y acudirá a la Justicia para anularla.
La coalición de de Gobierno formada por PSOE y Unidas Podemos consensuaron el proyecto tras arduas negociaciones en las que cada parte cedió y concedió: los socialistas aceptaron regular los montos de los alquileres, algo a lo que en principio se oponían, y a cambio, sus socios darán su apoyo en el Congreso a la ley de Presupuestos 2022 que prevé el mayor gasto social en la historia.
Uno de los ejes de la iniciativa será obligar a las personas jurídicas (inmobiliarias y fondos de inversión) con al menos 10 viviendas a bajar los alquileres en base a un índice de referencia, mientras que aquellos propietarios con menos de 10 inmuebles tendrán que congelar los precios y a cambio recibirán incentivos fiscales.
La gran barrera para avanzar con esto es que en España la política de vivienda es competencia de las comunidades autónomas y las gobernadas por el opositor Partido Popular (PP) ya anunciaron que no avanzarán en su implementación al apuntar que se trata de “un ataque a la propiedad privada”.
La fuerza lidera las comunidades de Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, que juntas suman más de 21 millones de habitantes y concentran casi la mitad de los 290.758 propietarios con más de 10 inmuebles que se verían afectados por la legislación, precisó el diario El País.
Tampoco aplicará otro punto central del proyecto: un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas deshabitadas, pertenezcan a una persona física o jurídica que tenga más de cuatro propiedades.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defendió el “equilibrio” del texto que será “comprometido en lo social” y de respeto “absoluto” de la propiedad privada, por lo que solicitó a los partidos construir un “acuerdo de Estado” en torno a la normativa.
Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, calificó de “intervencionismo suicida” a la iniciativa y adelantó que irá al Tribunal Constitucional para anular la ley una vez que se apruebe.
En la misma línea, el partido de ultraderecha Vox y los liberales de Ciudadanos, al igual que las grandes inmobiliarias, se sumaron al rechazo bajo el argumento que va a generar una menor oferta de propiedades para alquilar y, por lo tanto, un aumento del valor a pagar.
Pero el contexto muestra que la mano invisible del mercado no solucionó los problemas, sino que por el contrario los provocó: suba de precios en compras y alquileres, especialmente en grandes ciudades, falta de vivienda social, desalojos, precariedad y exclusión componen el actual panorama agravado por la pandemia de coronavirus.
En concreto, el 23,7% de la población está afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda como deficiencias en la construcción, hacinamiento, barreras arquitectónicas para personas con discapacidad y gastos excesivos, de acuerdo con un informe reciente de la Fundación Foessa de Cáritas España.
“Desde las entidades del tercer sector venimos alertando durante años que la vivienda es un determinante social muy importante para explicar los procesos de exclusión y de pobreza”, explicó a Télam Aitana Alguacil, socióloga y técnica de incidencia y estudios de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de España (Eapn-Es)
La representante de la ONG apuntó que “la vivienda pública construida actualmente es la más baja desde los años 50” y remarcó que “desde 2008 la inversión de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a política de vivienda disminuyó un 69%”.
“Los últimos presupuestos, los que salieron el año pasado, revirtieron esto y lo incrementaron en torno al 300% y lo que planteamos es que es imprescindible asentar esta tendencia”, añadió la experta.
En ese sentido calificó de “histórica” la decisión de avanzar en una ley ya que “no hay hasta ahora ninguna política específica” en el área, más allá del artículo de la Constitución que consagra el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
El proyecto anunciado por el Gobierno también ratifica la construcción de unas 20.000 propiedades sociales, la rehabilitación de barrios enteros y amplía la oferta de las llamadas viviendas protegidas, accesible a precios más asequibles a quienes cumplen ciertos requisitos de ingresos máximos, y las sociales, específica para colectivos que están en una situación de una vulnerabilidad aún mayor.
Además, incluye una ayuda directa para el alquiler de 250 euros mensuales para personas entre 18 y 35 años que tengan bajos sueldos, con el objetivo de ayudarlos con el alquiler y, por otro lado, establece medidas de protección frente a los desalojos.
Alguacil valoró estos lineamientos pero indicó que todavía no fue presentada la letra chica del proyecto para ponderarlo: “No se sabe si es una ayuda por hogar o por persona. No es lo mismo que un joven tenga 250 euros al mes para pagar un piso a que sean 500 en el caso de que también lo reciba su pareja con la que convive”.
De la misma forma, manifestó que la suspensión de los desalojos es una medida que ya rige por el llamado “escudo social” decretado ante la pandemia, lo que no impidió que sigan ocurriendo: “En 2020 hubo 18.900 viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias, de las cuales 7.000 eran viviendas habituales”.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
