El juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, notificó durante las últimas horas a la defensa de la mujer de 50 años detenida por el crimen del jubilado Olivera, la prisión preventiva baja la caratula de “homicidio”.
La única sospechosa tendrá la posibilidad de ampliar declaración en los siguientes días, aunque ya se confirmó que será trasladada de una sede policial de la Unidad Regional III a la cárcel para mujeres del Servicio Penitenciario Provincial, una vez que cumpla con los protocolos vigentes sanitarios en el marco de la pandemia por el COVID-19.
El magistrado que investiga el homicidio de Rafael Olivera (75), ocurrido entre la noche del sábado 14 y madrugada del 15 de agosto en el barrio Henter de Montecarlo, dispuso la prisión preventiva para la mujer de 50 años que se encuentra detenida tras el hecho y como única sospechosa de cometer el crimen, supuestamente en un acto de “purificación de cuerpo y alma” en una especie de ritual que habría traspasado los límites.
Olivera fue encontrado sin vida en la mañana del domingo 15 de agosto en su vivienda, con golpes en el rostro, mordeduras en el cuerpo y con un clavo semi incrustado en la muñeca izquierda.
La autopsia luego reveló que fue impregnado con jabón en polvo para lavar la ropa y harina. Horas antes del hallazgo, testigos manifestaron que vieron ingresar y salir de la vivienda de la víctima a la sospechosa, a quien en su momento describieron como una mujer “conflictiva y violenta”.
Al principio, la investigación giró como posible móvil del hecho el “robo en modalidad viuda negra”, después al presunto intento de abuso sexual y que la sospechosa se defendió hasta llegar en la teoría más firme, que sería la del acto de “purificación” en una especia de ritual.
Salvo la del robo, nada fue descartado por los investigadores y el magistrado, aunque perdieron fuerzas, teniendo en cuenta que aún la detenida se somete a pericias psiquiátricas que puedan establecer su perfil psicológico. Varios testigos la nombraron como una mujer que supuestamente hacía ese tipo de “trabajos” y que además era muy cercana al jubilado asesinado.
En este contexto, trascendió que la defensa de la mujer (defensor oficial) solicitó ampliación de indagatoria, que estaba prevista para este viernes. Al momento de ser detenida, horas después de hallar el cuerpo de Olivera, la acusada prefirió no responder preguntas. Tiempo después le rechazaron el pedido de excarcelación por entender que su libertad podría entorpecer la investigación.
La imputación es por “homicidio simple”, delito que prevé una pena entre 8 y 25 años de prisión de acuerdo al artículo 79 del Código Penal Argentino.
Durante la investigación y en recolección de pruebas, no pudieron determinar si participó alguna otra persona en el hecho.
También confirmaron en su momento que no se llevaron nada de la vivienda por lo que el robo casi que quedó descartado, aunque en las primeras horas posteriores a que se conociera la muerte de Olivera, un familiar habría manifestado que el hombree solía tener dinero guardado. Finalmente, esto nunca se comprobó.
