Un vecino de Posadas acudió a la Justicia Correccional provincial, contra la decisión de la comuna capitalina de no otorgarle la licencia de conducir por adeudar multas de tránsito.
Con el patrocinio del letrado Adrián Luna Vázquez, presentó un recurso de amparo para revertir la decisión administrativa, alegando que la legislación vigente no le impide ese derecho.
En lo que podría ser considerado el primer antecedente judicial en ese sentido, la Justicia le aceptó el amparo y ordenó que la Municipalidad habilite el trámite de emisión del carnet de conducir. Ahora, la comuna puede apelar la decisión y de hacerlo, la cautelar no quedará firme.
La historia se remonta a 2019 cuando el denunciante posadeño quiso sacar el carnet profesional E1 para camiones articulados y vehículos clase B y C) y no pudo por las infracciones pendientes de pago por $221.468.
Como primer paso, el 24 de septiembre de 2019, presentó una nota de reconsideración que fue rechazada por el Estado. Entonces, a fines de ese mismo año, terminó judicializando la controversia.
El amparista sostuvo que las multas de tránsito “le eran desconocidas porque nunca fue intimado por tribunal u órgano administrativo alguno y menos aun se comprueba que fuera quien condujera los vehículos involucrados en las supuestas infracciones atribuidas”.
Más de un año después, con los tiempos de la Justicia misionera, la jueza Marcela Leiva aceptó el recurso y declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley XII-N°2 (antes Decreto Ley 368/67) que estableció el amparo; y ordenó a la Municipalidad de Posadas a emitir la licencia de conducir con costas a cargo de la comuna.
Posición del vecino
En el escrito judicial, el afectado citó el art. Nº 140 de la Carta orgánica municipal que en su parte pertinente dice: “…El municipio no podrá negar la realización de trámites, otorgamiento de licencias o permisos so pretexto de existencia de deuda por parte del administrado, correspondiente que, de existir la misma, se promueva la acción judicial”.
Además, afirmó que “… el Municipio tiene un procedimiento para perseguir tanto la discusión de multas como el cobro de las mismas, por lo que no se ajusta a derecho exigir el pago previo de las mismas, cuando ni siquiera fueron comunicadas al contribuyente y menos aun se le dio la posibilidad de discutir la misma, acción la cual evidencia un actuar contrario a derecho por parte del organismo Municipalidad”.
Autoridad de aplicación
En la contestación a la demanda, la Municipalidad de Posadas dijo que “la Municipalidad de Posadas adhiere a la Ley XVIII Nº 29 de la Provincia de Misiones que a su vez adhiere a las Leyes Nacionales 24.449 y 26.363. Que la Municipalidad de Posadas actúa como autoridad de aplicación de las leyes mencionadas pero carece de competencia para modificar las mismas”.
En ese sentido, indicó que “… al momento de otorgar las licencias de conducir a los ciudadanos, es obligación del municipio exigir los informes respectivos al efecto”, fundando en el artículo 14 de la Ley 24.449.
Fundamentos del fallo
En la resolución, la magistrada Correccional de Posadas destacó dos ejes centrales que planteó la representación del demandante:
• “… la pretensión de la Municipalidad del cobro de las multas tiene una vía legal prevista (Juicio de apremio) al cual debe ocurrir a estos fines, hecho el cual no se ha intentado por la demandada”.
• “… la disposición del art. 14 de la Ley Nº 24.449 se limita a determinar que se debe requerir informe nada dice que sea una condición a los fines del otorgamiento de la licencia en cuestión. Consecuentemente la cláusula 3 punto c) de la Ley Nº 26.353 “Convenio Federal sobre acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial” que condiciona el otorgamiento de la licencia de conducir al previo pago de las multas deviene en inconstitucional”.
