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No sienten la crisis: las fortunas que dicen tener los máximos funcionarios de Argentina

21 septiembre, 2021
PATRIMONIO. Cristina advirtió que su fortuna se sustenta principalmente en lo heredado de Néstor Kirchner.

 

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio total de 16.463.095 pesos, compuesto principalmente por la herencia recibida de Néstor Kirchner.

 

De la declaración presentada el 18 de septiembre y publicada en la web de la OA este lunes se desprende que el monto representa un aumento del 69% respecto de los 9.761.186 pesos que informó la vicepresidenta el año pasado, aunque si se descuenta la inflación del año el incremento real fue del 24,2%.

 

La mayor parte del patrimonio está compuesta por los “derechos reales en el país” (propiedad transferida a un tercero distinto al propietario) que recibió como herencia del expresidente Néstor Kirchner, por 12.131.852 pesos.

 

El patrimonio del expresidente fallecido en 2010 se había dividido en un 50% para su viuda y el otro 50% para sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

 

La vicepresidenta también declaró 441.335 pesos en bienes del hogar y no informó ningún vehículo a su nombre dado que, por su cargo, se traslada en automóviles de la flota oficial del Senado.

 

Por otra parte, Cristina informó 3.679.029 pesos en dinero en efectivo depositado en dos cajas de ahorro al cierre de 2020 y un crédito por sueldos no percibidos por un total de 210.879 pesos.

 

La exmandataria no informó propiedades ni acciones empresarias debido a que los bienes fueron donados a sus hijos en 2016 ante el avance de las causas judiciales en su contra, de las cuales algunas involucran a la empresas Hotesur, dueña del Hotel Alto Calafate, y la inmobiliaria Los Sauces.

 

Las empresas además están intervenidas por el Poder Judicial en el marco de investigaciones sobre presunto lavado de dinero que derivaron en el procesamiento de la vicepresidenta y que están a la espera de ser elevadas a juicio oral.

 

Cristina Kirchner cobraba desde 2010 la pensión vitalicia que le corresponde como viuda de un expresidente a la que sumó en 2015, luego de dejar la Presidencia de la Nación, la que perciben los exjefes de Estado.

 

Sin embargo, con el cambio de autoridades en 2016 el Ministerio de Desarrollo Social la intimó a elegir entre una y otra, tras lo cual suspendió finalmente el pago de una de esas, decisión que fue apelada judicialmente por la exmandataria.

 

A fines de 2019, cuando asumió como vicepresidenta, la Justicia le dio razón a su planteo y la suspensión del cobro de ambas pensiones fue dejada sin efecto.

 

El diputado Nacional Máximo Kirchner, es el político con mayor patrimonio, según los datos dados a conocer por la Oficina Antocurrupción.

 

Por su parte, Máximo Kirchner declaró un patrimonio de 400 millones de pesos en 2020, una cifra anclada en la herencia de su padre, el expresidente Néstor Kirchner. Los activos del diputado nacional crecieron un 37% en comparación con el año anterior principalmente por la diferencia de valuación de sus plazos fijos en dólares.

 

Su crecimiento patrimonial, sin embargo, es mínimo si se tiene en cuenta que la inflación acumulada del mismo período fue del 36% anual.

 

El jefe del bloque kirchnerista en Diputados declaró ante la Oficina Anticorrupción una herencia de 2.848.072 dólares repartidos en dos plazos fijos en el país, el mismo monto que repite de manera invariable en los últimos años. Esos plazos fijos en dólares representaron, según la cotización oficial al cierre del 2020, una equivalencia de 239.095.683 pesos.

 

Por mantener esos depósitos en moneda extranjera, Máximo Kirchner incrementó su patrimonio en 69 millones de pesos durante el año pasado ante la devaluación del peso. Sólo con esos depósitos bancarios, el diputado superó el piso de los 200 millones de pesos que impuso el Frente de Todos para aprobar el impuesto extraordinario a la riqueza en el Congreso, que el propio legislador votó y pagó.

 

Patrimonio presidencial

 

Sin grandes modificaciones, el patrimonio del actual presidente de los argentinos, Alberto Fernández, asciende a un total de 5,7 millones de pesos.

 

El presidente Alberto Fernández presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción correspondiente al año fiscal 2020, en la que declaró poseer una propiedad, un auto y acciones. Sin grandes modificaciones, su patrimonio asciende a 5,7 millones de pesos, lo que denota un incremento por debajo de la inflación si se lo compara con el período anterior.

 

Su patrimonio está compuesto por la participación accionaria en Inmuebles Callao SA, un automóvil y la misma propiedad en la Capital Federal. En tanto, Alberto Fernández había declarado 3.890.069,29 pesos tras oficializar su candidatura presidencial previo a acceder a la Administración Pública Nacional, cuya fecha de ingreso es el 10 de diciembre del 2019.

 

Tras un año y medio de pandemia, del documento se desprende que no hubo grandes modificaciones en el patrimonio del Presidente.

 

 

Contexto
Según la Ley 25.188, “todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria” deben presentar una declaración jurada patrimonial.

 

Embargos
Las empresas familiares de los Kirchner están intervenidas por la Justicia, ya que sus manejos derivaron en el procesamiento de la exmandataria, de Máximo y su hermana Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero.

Tags: Alberto FernándezCristina Fernández de KirchnerDeclaración JuradaMáximo KirchnerOficina AnticorrupciónPatromonio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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