La apuesta del funcionario del PAMI, detenido hace cinco días e imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” contra una joven de 23 años empleada de limpieza del edificio central en Posadas de la obra social de los jubilados y pensionados, quedó enmarcada en la pericia a los teléfonos celulares que el juez de Instrucción 1, Marcelo Cardozo, ordenó secuestrar durante las últimas horas.
Para el director de Recursos Humanos aprehendido, su coartada apunta que no existió abuso sexual o violación, que mantuvo siempre actos consentidos con la denunciante y que ella lo acusó cuando su novio se enteró de su relación paralela.
El imputado tiene 37 años y según fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, será determinante para poder recuperar la libertad esta pericia telefónica.
La detención de Rodolfo Antonio Barreto se concretó un día después de la ratificación de la víctima de su denuncia en la Comisaría de la Mujer Centro de la Unidad Regional 1. Relató todos los detalles que recordó y coincidió con su presentación una semana antes. Sostuvo que fue intimidada por amenazas y violada con el uso de la fuerza por el funcionario en su despacho en el edificio de calle Salta 1774, entre Buenos Aires y Félix de Azara.
Esta precisión de la víctima fue concluyente y activó los pedidos urgentes ya por ubicar y atrapar al sospechoso, también conocido como un referente de campaña de “La Cámpora y el Frente de Todos”, que acompaña a la directora del PAMI, Marcela Irene Crechuska.
La primera orden por aprehender a Barreto fue emitida el viernes 20 de agosto por el juez Cardozo como posible autor del delito contra la integridad sexual previsto por artículo 119 del Código Penal Argentino.
Habría acorralado a la muchacha que trabaja para una empresa tercerizada de limpieza y desinfección: “Dale, vamos a hacer un rapidito”, le habría dicho antes de proceder a utilizar la fuerza ante intento de la joven por escapar.
Vale recordar que el apuntado arrastra antecedentes vinculados a delitos contra las personas, entre ellos una denuncia por “amenazas” a un compañero de trabajo y un caso de “resistencia a la autoridad”. Estos registros se establecieron durante el 2020, según las fuentes judiciales en contacto con este Diario.
El viernes 27 de agosto por la mañana, Barreto y su abogado se presentaron ante el Juzgado de Instrucción 1 con la intención de notificarse de la acusación y que se le otorgue la eximición de prisión. Muy alejado de lo que decidió el magistrado, quien ordenó su inmediata detención luego de una semana prófugo, en la que fue buscado por toda la capital provincial e incluso habría obstaculizado su aprehensión con cambios repentinos de domicilio, mudanza, movilizarse en otro vehículo, no el particular y solicitar licencia en el PAMI.
