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La vida en un asentamiento a través de la historia de la familia Martínez

23 agosto, 2021
En el monte. Rodeado de sus pollitos, Ramiro se sienta a hacer la tarea mientras el resto de sus amigos juegan con pelotas improvisadas.

 

Una foto, una historia, un nene que intenta terminar su tarea antes que la batería del celular se termine y deba ir hasta el próximo barrio para poder cargarlo. Ramiro Villalba tiene 9 años y desde el 2020 vive en un asentamiento sin luz, agua ni Internet. Como él, 300 familias del barrio Itatí en Montecarlo se enfrentan diariamente a los golpes económicos que la pandemia agudizó.

Tuvieron que dejar su casa

Hace un año que Ramiro se mudó junto a sus papás Gisela Grün y Lionel Martínez y sus dos hermanitos Yanet (5) y Santino (7), al barrio Itatí. “Nosotros alquilábamos una casita en Montecarlo, pero llegó un punto en que no pudimos pagarlo más. Mi esposo no podía trabajar, las cosas no dejaban de aumentar y no nos quedó otra que venir para acá”, contó a PRIMERA EDICIÓN Gisela.

El barrio Itatí es un asentamiento que se conformó a comienzos del 2020 cuando, familias en la misma situación de vulnerabilidad que la de Ramiro, decidieron ocupar el lugar con carpas y casitas improvisadas. El nuevo barrio se ubica a poco más de 1 km del barrio Malvinas, que es donde Ramiro y sus hermanos asisten diariamente a la escuela. Allí también es donde recargan los celulares, le ponen algunos pesos de crédito para hacer sus tareas y trabajan de las pocas changuitas que pueden conseguir.

Malas condiciones de vida

Al ser un lugar ocupado ilegalmente, “no nos quieren instalar la luz ni el agua”, dijo Gisela. Mientras tanto, se inundan cuando llueve, sufren el frío sin ningún tipo de calefacción y en los días de calor se agobian.

Aún así, Gisela y Lionel motivan a sus hijos a que no falten un solo día a la Escuela 906 y gastan el poco dinero que ganan para recargar el crédito del celular para que los hermanos Martínez no se atrasen con sus tareas. “Desde este año empezaron las clases totalmente presenciales así que pudieron ponerse al día”, dijo Gisela, recordando que durante el 2020 sus hijos perdieron muchos meses de estudio debido a la modalidad virtual.

Sin embargo, como la perseverancia de estos alumnos, hay poca en el barrio Itatí. “No está yendo nadie a la escuela, es preocupante”, señaló la mamá de Ramiro. De hecho, contó que días atrás “vino la directora de la escuela porque quería saber por qué los chicos estaban faltando tanto”.

La situación de pobreza, la necesidad de que todos los miembros colaboren en la economía familiar, la falta de luz, de agua y de Internet, fueron algunos de los motivos con los que se encontró la directora de dicho establecimiento.

Están desempleados

Actualmente, el único ingreso que recibe la familia de Ramiro es el que cobra Gisela por la Asignación Universal por Hijo. El papá de los chicos, Lionel, también suele hacer changas pero no puede hacer mucho esfuerzo físico debido a una lesión en la espalda que sufrió mientras trabajaba en Buenos Aires. “En los próximos días va a tener que viajar para allá, porque iniciamos un proceso legal por la lesión de mi marido”, contó.

Se puede colaborar con donaciones de alimentos y dinero

Las familias del barrio Itatí en Montecarlo, hicieron un grupo en Facebook para visibilizar su situación. Allí también se pueden comunicar para colaborar con alimentos, dinero, ropa y elementos para sus casas. “Hay familias que verdaderamente están en una situación desesperante”, dijo Gisela.
“Todas las donaciones que vamos recaudando las juntamos en un mismo espacio y las vamos repartiendo a quienes peor estén”, contó. Por otra parte, agregó que también pueden comunicarse al número de Gisela 3751539832.
Meses atrás, las familias hicieron movilizaciones pidiendo por electricidad y agua, pero todavía no tuvieron respuestas.
Su lucha será difícil, ya que están ocupando un lugar de manera ilegal, pero tienen esperanzas de que “alguien nos escuche y que puedan ayudarnos”.

Tags: asentamientobarrio ItatíEscuela 906familia MartínezMontecarlo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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