La comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político emitió dictamen a favor de dos proyectos con los que se pretende reconocer el derecho a la “identidad de origen”.
Con esta iniciativa se busca maximizar los recursos legales e institucionales disponibles, “a favor de toda persona que presuma que su identidad ha sido suprimida o alterada”.
También comprendería a quienes “presuman que la identidad de un familiar, hasta el segundo grado de parentesco, ha sido suprimida o alterada”.
Uno de los proyectos, presentado por la diputada radical Anita Minder, busca asistir y proporcionar los instrumentos que posibiliten el acceso a toda información a las personas que presuman que su identidad ha sido suprimida o alterada, garantizando al efecto los principios de gratuidad, transparencia, confidencialidad, informalidad y celeridad.
Entre otras cosas, se crearía el Área de Fomento y Protección del Derecho a la Identidad de Origen para brindar asistencia y contención a todas las personas que tengan dudas sobre su identidad de origen y para intervenir en el proceso de búsqueda.
Asimismo, se crearía un Registro Único de Búsqueda de Origen, que tiene como objeto la implementación de una base de datos unificada de la información que se produzca en el marco de las actuaciones desarrolladas por el Área de Fomento y Protección del Derecho a la Identidad de Origen.
Minder aclaró que “se habla de personas que han sido entregadas a otras familias sea por dinero o no y por fuera de la adopción legal: es decir que su identidad ha sido sustituida, y la práctica se conoce como apropiación”.
“El ocultamiento de la identidad en prácticas de adopciones ilegales, genera unos enormes daños psicológicos y emocionales a las personas, que pueden dañar gravemente su integridad. Se calcula que serían alrededor de tres millones de personas que buscan su identidad biológica y que no solo son producto de las apropiaciones sistemáticas de bebés durante la última dictadura militar, sino que pertenecen a gobiernos en democracia: la apropiación de menores es un delito, se ha dado antes, durante y después de dicho período”, planteó la diputada.
Por su parte, la iniciativa de la renovadora Rita Núñez contempla la asistencia en la búsqueda e investigación “a toda persona que presuma que su identidad ha sido adulterada o suprimida, independientemente de su fecha de nacimiento cierta o presunta“, lo que incluye otorgar asesoramiento y patrocinio jurídico y legal, en forma gratuita, y asistencia y contención psicológica a todas las víctimas de sustitución de identidad.
También contempla un Registro de Personas de Identidad Alterada o Suprimida, en el que podrán inscribirse todas aquellas personas que presumen que su identidad ha sido adulterada o suprimida, así también como personas que tienen conocimientos sobre familiares de cualquier grado que estén involucrados en la alteración o supresión de identidad, personas conocidas o conocimiento certero sobre casos de alteración o supresión de identidad.
