La planta de cannabis se utiliza desde hace siglos en distintas culturas alrededor del mundo para diferentes fines, entre ellos, el medicinal. La investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados tiene oficialmente sólo cuatro años en la Argentina, desde la sanción de la ley nacional 27.350.
“La ley de cannabis medicinal”, nombre que recibe la norma sancionada en 2017, es el marco legal imprescindible para el estudio de Cannabis, bajo estándares de calidad y control, a través de la investigación científica y estudios agronómicos. Organismos de ciencia y técnica, como el INTA -perteneciente al Ministerio de Agricultura de la Nación- trabajan para la obtención de materiales vegetales, desarrollo de técnicas de manejo y metodologías específicas para la producción de la planta de cannabis y sus derivados, como el aceite medicinal entre otros.
“Hoy, el INTA cuenta con la capacidad para iniciar diferentes actividades de investigación, desarrollo e innovación en lo referido a la producción de cannabis y sus derivados”, afirmó Silvina Lewis, directora del Instituto de Recursos Biológicos (IRB) del Centro de Investigaciones y Recursos Naturales (CIRN) del INTA y responsable titular ante el Consejo Consultivo Honorario (CCH) de la Ley 27.350 por INTA.
La reglamentación de la ley nacional, a través del decreto 738/2017, autorizó al INTA y al CONICET al cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica, así como para producir la sustancia para abastecer el programa de cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. El nuevo decreto reglamentario (883/2020) permite además solicitar autorización para cultivar a pacientes que requieran el uso de cannabis con fines medicinales y/o terapéuticos a través de la inscripción en el Registro del Programa de Cannabis -Reprocann- bajo el control del Ministerio de Salud de la Nación. Pueden inscribirse personas o entidades que necesiten cultivar para sí mismas o para un tercero y para profesionales de la salud que necesiten certificar a sus pacientes.
Con recursos para proveer germoplasma en un futuro cercano e iniciar el desarrollo de variedades, registrarlas y obtener la experiencia en la producción de cannabis medicinal, el INTA avanza hacia “la generación de nuevas capacidades para emprender, en un futuro, la producción e investigación en cáñamo industrial”, dijo Lewis.
La ley habilitó la introducción de esta especie dentro de “las investigaciones de los organismos públicos de ciencia y técnica”, destacó Carla Arizio, investigadora del Instituto de Recursos Biológicos.
De acuerdo con Arizio: “Los estudios actuales que encabeza el INTA se llevan a cabo en todo el país, en distintas estaciones experimentales, algunas de las cuales venían trabajando en el tema de aromáticas y medicinales, tanto cultivadas como nativas”. Mientras que otros proyectos se llevan a cabo en terrenos de las contrapartes, como municipios, provincias o empresas.
Transcurridos cuatro años de sancionada la norma, el principal desafío del INTA está en “generar los desarrollos en cannabis, ya que no había conocimiento si se lo compara con otros cultivos”, expresó Lewis, tras reconocer que “en cannabis medicinal es clave generar conocimiento con sustento científico, porque algo que va a tener un uso medicinal requiere productos de calidad”.
Acuerdos públicos y privados
Desde el INTA es muy necesario generar capacidades, conocimientos y tecnologías para el desarrollo del cultivo de cannabis bajo estándares de calidad y control que conlleven a la obtención de materiales vegetales, técnicas de manejo y metodologías específicas para la producción de la planta y sus derivados.
Con estos objetivos el INTA ha comenzado a suscribir convenios que involucran proyectos de investigación y producción de cannabis medicinal en diferentes regiones del país con el apoyo de la Dirección Nacional y aprobados por el Consejo Directivo del INTA para, posteriormente, ser aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación.
“El primer convenio se firmó en 2019 con la provincia de Jujuy y es el que está más avanzado”, comentó Lewis. La participación de la provincia es través de Cannava SE, una empresa estatal que lleva adelante todos los procesos.
Por otro lado, en la experimental San Juan, se trabaja “en el cultivo en predios de la provincia a través de CaMe -empresa estatal- donde el INTA intervendrá principalmente en distintos análisis de laboratorio”, expresó Lewis.
En la misma línea, en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de Pergamino -Buenos Aires-, “está vigente un convenio con la empresa Pampa Hemp SAS y recientemente se aprobó otro con la empresa Menelik SA”, indicó la directora del Instituto de Recursos Biológicos.
En tanto, la EEA Balcarce -del Centro Regional Buenos Aires Sur- firmó un convenio de colaboración técnica con el Municipio de General Lamadrid que ya cuenta con la infraestructura necesaria para iniciar el proyecto de investigación en predios del propio municipio. “También contamos con un convenio con la Municipalidad de San Pedro, pero las actividades serán llevadas adelante en el predio del INTA, en la EEA San Pedro. Proyecto que fue recientemente aprobado por el Ministerio de Salud”, describió Lewis.
El Centro Regional Patagonia Norte, desde la EEA Alto Valle y con la participación de la experimental Bariloche, “suscribió un convenio de colaboración con la ONG Ciencia Sativa y una empresa que realizará el estudio de trazabilidad del cultivo. Cuenta con una parte de la infraestructura para comenzar con las investigaciones y se encuentra en la búsqueda de financiamiento”.
Con referencia a los últimos convenios aprobados, Lewis aclaró que uno corresponde a la provincia de Córdoba, entre el Centro de Investigaciones Agropecuarias -CIAP- del INTA con la empresa privada Produsem SA; otro al Centro Regional Santa Fe del INTA junto con el Gobierno provincial y el Laboratorio Industrial Farmacéutico -LIF SE-, y el último entre el Centro Regional Salta desde la estación experimental con el Gobierno provincial de Salta y el Fondo Especial del Tabaco.
Según la investigadora, no todos los convenios tienen por objetivo el cultivo de cannabis. “Tenemos algunos convenios que involucran capacitación en la temática o colaboración para encarar futuros convenios específicos. Este es el caso del Convenio con la ONG Cannabis Medicinal Argentina -CAMEDA-, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos -ANLAP- y Fabricaciones Militares”, puntualizó.
