El país habló del caso del productor de cítricos de Eldorado, Ricardo Ranger, quien aseguró haber perdido una cuantiosa cantidad de su producción por no haber conseguido mano de obra. El problema que planteó, además de la pérdida de la fruta, fue que las personas que percibían asignaciones estatales o planes sociales, de ser contratadas “en blanco”, serían dadas de baja de los mismos, por lo cual no aceptaron la propuesta laboral.
Como todo hecho polémico en nuestro país, inmediatamente se abrió la grieta entre kirchnerismo y quienes piensan distinto (entre ellos los opositores de Juntos por el Cambio que aprovecharon la noticia para retomar las críticas a la falta de incentivos al trabajo por parte de la Casa Rosada).
A su vez, desde la militancia oficialista, se cuestionó la propuesta salarial a los cosecheros que no alcanzaba un salario mínimo.
Mientras el debate “ardía” en las redes sociales, no se vio a un solo legislador o funcionario tomar la cuestión y proponer una salida a este reclamo que lleva mucho tiempo: que sean compatibles las actividades temporarias (de tareferos, recolectores de frutas, podadores de forestaciones, etc) con la cobertura social del Estado.
En Argentina es más fácil discutir para dividir que tomar “el toro por las astas” y resolver el problema. Después, cada persona es libre de aceptar o no la propuesta laboral ya sea por interés económico o por sumar ingresos a través de un trabajo.
El planteo de Ranger, que decidió visibilizar en PRIMERA EDICIÓN su situación, iba justamente en ese sentido: no de victimizarse por las pérdidas económicas que declaró como cuantiosas; sino tratar de canalizar la compatibilidad entre tarea laboral formal y planes sociales a partir de un caso de duros resultados productivos como el que le tocó afrontar.
