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Acusan a concejal de Bonpland de quedarse con dinero de planes sociales

2 junio, 2021
Acusan a concejal de Bonpland de quedarse con dinero de planes sociales
Las denuncias contra la concejal salieron a la luz luego de que encontraran un portón robado en su domicilio particular.

 

En las últimas horas, desde la empresa “Bonpland Leaf” denunciaron en la comisaría de Bonpland que una persona no identificada había sustraído un portón de hierro antiguo, el cual estaba colocado en un predio de la Cooperativa Tabacalera de esta localidad, y que el mismo estaría colocado en el domicilio de la actual concejal Cristina Bóveda.

Dispuesto por el magistrado interviniente, se llevó a cabo el allanamiento en el domicilio de la concejal, donde se procedió al secuestro del elemento sustraído. Este hecho dejó además en evidencia otras denuncias en contra del funcionario.

Según lo publicado en el portal Alem News, el pasado 17 de mayo la ciudadana M. Batalla manifestó ante las autoridades locales que Bóveda se había presentado en su domicilio -donde reside con sus hijos menores de edad y una persona octogenaria- junto a miembros de la “Agrupación Evita” profiriendo insultos y amenazas a su esposo y familia, temiendo por integridad física.

En esa ocasión, los propios vecinos ratificaron los dichos de la denunciante en la comisaría local.

Otro hecho contra la Concejal fue alertado por L. Olivera, quien solía ser el coordinador del área “Chacra y Huerta Productivo” del Movimiento Evita. El hombre denunció irregularidades en las actividades y en el pago de los salarios que reciben muchos de los integrantes de la mencionada área.

Esto habría derivado en un conflicto interno, y por lo que su puesto de ventas de verduras ubicado en la Manzana Nº 44 de esta localidad habría sido cerrado con candado por Bóveda y su gente, pese a que dentro de la mismo tenía su invernadero armado con verduras, un local de ventas y herramientas varias.

Por otro lado, el ahora ex coordinador de movimiento Evita, ratificó ante las autoridades que Bóveda consiguió planes sociales del programa “Potenciar Trabajar” para miembros de la mencionada agrupación, pero luego les cobraba una “comisión” de carácter obligatorio por la suma 2.500 pesos por mes, con el fin de utilizarlo en una supuesta cooperativa de trabajo.

Según Olivera, el dinero terminó utilizándose en el arreglo de la vivienda particular de la Concejal.

Luego de hacerse público el caso, habrían sido varios los integrantes de la agrupación, que hasta el momento sigue a cargo de Bóveda, que decidieron dar a conocer el accionar de la concejal.

En esa línea, según el portal de la Capital de la Alegría, Bóveda habría sumado en últimas horas nuevas denuncias y pedidos de “explicaciones” por parte de varios miembros de la agrupación, quienes supuestamente están esperando se les entregue las tarjetas sociales que habría llegado para cobrar sus beneficios, y que sospechan que alguien se estaría quedando con su dinero.

Fuente: Alem News

Tags: BonplandCristina BóvedaDenuncia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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