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Condenan por daño moral a un hombre que obligó a su hija a someterse a un ADN

5 mayo, 2021

La Justicia pampeana confirmó una condena por daño moral contra un hombre que obligó a su hija a realizarse una prueba de ADN, a pesar de que sabía desde hacía “más de 20 años” que era su padre biológico, informó este miércoles el Poder Judicial de la provincia.

Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico, que de esta manera ratificó el fallo de primera instancia dictado por el juez en lo Civil de General Pico, Gerardo Mario Moiraghi.

El magistrado había declarado abstracto el reclamo por el reconocimiento de paternidad –ya que al momento de la sentencia se hallaba cumplido– y le dio la razón a la hija en la demanda por daños y perjuicios debido a que cuando suscribió un convenio extrajudicial por alimentos ya sabía que era el padre biológico aunque recién la reconoció más de 20 años después.

Ahora los jueces de la Cámara sostuvieron que resulta “inadmisible que un padre no reconozca a su hija porque había sido adoptada por la pareja de la madre”.

La hija, en su demanda, reclamó el reconocimiento de paternidad y daños y perjuicios y adujo que a pesar de comprometerse a abonar una cuota alimentaria en el año 2000, su padre no quiso reconocerla.

Relató que en 1997 fue adoptada por la pareja de su madre y que esa adopción simple fue revocada en 2016. Además, contó que tras vivir dificultades económicas, decidió pedir ayuda al demandado y que sólo recibió respuestas “poco favorables, negativas y en última instancia, humillantes”.

La mujer habló específicamente también de “la imposibilidad de acceder a un título universitario por falta de apoyo económico de su padre” y de “la diferencia de tratamiento con relación a sus hermanos, que pudieron disfrutar de ciertos beneficios por la fortuna de él”.

El informe judicial destacó que el demandado admitió el reclamo por alimentos, afirmó que cumplió permanente con ese pago, dijo que aceptó someterse a estudios genéticos para determinar su paternidad y negó “desidia, apatía e indolencia y también una presunta conducta omisiva” ya que, antes del primer reclamo, su hija ya había sido adoptada.

Añadió que al revocarse esa adopción, se sometió a la pericia biológica ante el primer emplazamiento e incluso remarcó que pese a estar adoptada por la pareja de la madre, abonó la cuota alimentaria hasta que su hija cumplió 26 años.

Resuelta la cuestión de la filiación en primera instancia, la Cámara acompañó los argumentos del juez Moiraghi acerca de la “evidente omisión” en la que incurrió el demandado al reconocer a su hija recién a los 30 años, lo cual generó una responsabilidad civil por haberla privado “del derecho a la filiación e identidad”.

El Tribunal además sostuvo que “la existencia de una adopción simple, por parte de un tercero, resultaba inconducente e inadmisible como justificativo de la falta de reconocimiento oportuna” y remarcó que “el padre biológico debió haber reconocido a su hija, como mínimo, 18 años antes de lo que lo hizo”.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: #Identidad#JudicialesadnCondenadaño moralFamiliaFiliación
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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