El primer día de mayo se recordó el día de la Constitución Nacional de la Argentina. Una carta magna a la cual le juran los políticos devenidos en funcionarios, para el ejercicio de poder delegado por los ciudadanos a través del voto. Un claro mandato constitucional en democracia.
Sin embargo, haciendo uso de ese poder, han llegado a interpretar los mandatos constitucionales de una manera tan reñida que -inevitablemente- se debe requerir una posición a la Corte Suprema de Justicia para fijar postura sobre, valga la redundancia, la constitucionalidad de los actos.
Apenas unos días atrás, el presidente Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para pedir ampliar las facultades de los Ejecutivos (nacional y provinciales) para tomar medidas en la pandemia.
Además de ser la forma de reemplazar los cuantiosos DNU en este año y medio emitido con la excusa de la emergencia, se abrirá un debate respecto de los límites constitucionales que el Congreso puede ceder al Ejecutivo en la toma de decisiones. Y también, hasta dónde la Nación puede decidir por las provincias o la Ciudad de Buenos Aires en las restricciones de libertades establecidas por la Constitución Nacional, basadas en la emergencia sanitaria y epidemiológica por el COVID-19.
Como ocurre habitualmente, hay “bibliotecas divididas” respecto a un tema en pleno debate: la limitación a la presencialidad de las clases por la que pujan Horacio Rodríguez Larreta y Fernández ante la Corte, ante un inminente fallo que sentará una importante jurisprudencia.
La Casa Rosada está observando que incluso muchos gobernadores alineados con el Frente de Todos (como también aliados) no vienen apoyando las medidas nacionales limitantes de circulación y actividades que Fernández pretende.
Esta semana habrá que seguir con atención si finalmente aparece el proyecto de ley y cuál es el contenido propuesto por el Presidente a los legisladores.
De allí en adelante, habrá que sostener el respeto a una Constitución que no es un libro de entretenimiento o de estudio en el sistema educativo. Es la que fija deberes, obligaciones y límites a los Poderes de un Estado que peca de exceso de presidencialismo por la cesión que constantemente hace el Congreso.
