La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) presentó el estudio del Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en la Argentina 2.0, que evidenció que el 80% de los encuestados tuvieron problemas para hacer público su diagnóstico de VIH por miedo al estigma social.
La encuesta
El trabajo, que fue realizado por primera vez a nivel mundial por una red de jóvenes positivos, encuestó a 948 personas con VIH en AMBA, NOA, NEA y Cuyo en el período del 2019 al 2021. El objetivo fue recolectar datos que permitan el desarrollo de políticas públicas más inclusivas y con perspectiva de género para la eliminación del estigma social que impide a las personas con VIH acceder a los servicios de salud, ejercer sus derechos fundamentales y tener una vida libre de violencia en su entorno social.
Los resultados reflejan nada más y nada menos que la realidad que vivimos diariamente las personas con VIH”, dijo a FM 89.3 Santa María de las Misiones, el coordinador nacional de RAJAP, Franco Emir.
En este sentido, destacó que mientras “8 de cada 10 personas encuestadas admitieron que tuvieron problemas para hacer público su diagnóstico de VIH por miedo a ser estigmatizados”, la mitad de los encuestados manifestó tener miedo a realizarse el test serológico por temor a que le de positivo.
“Basta con preguntar al entorno de cada uno si alguna vez se hicieron el test o cada cuánto lo hacen, para saber que muy pocos se testean porque la mayoría piensa que por ser heterosexual o tener una pareja estable no les va a pasar”, sostuvo.
No creen en la confidencialidad
Uno de los datos más alarmantes que arrojó la encuesta, es que “el 50% consideró que su historia clínica no es guardada con confidencialidad, sino que anda dando vueltas por ahí”, dijo.
Además, si bien hay un marco legal que ampara los derechos de las personas con VIH, un alto porcentaje de personas (20%) “desconoce que exista una Ley de SIDA (23.798) en el país que los proteja y le brinde el derecho a acceder a un tratamiento gratuito”, señaló.
Por otra parte, a pesar de la Resolución Nº 270/15 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que expresa que “la exigencia de realizar estudios de laboratorio con el objeto de detectar el VIH en los postulantes a trabajar dentro de los exámenes preocupacionales podrá ser motivo de denuncia”, Emir planteó que “el 16% de los encuestados dijeron que tuvieron que someterse al test en los exámenes preocupacionales o contar su situación serológica” y agregó que “al ser una Resolución y no una Ley, no se puede hacer nada más que mandar una carta documento denunciando que lo que están haciendo no corresponde”.
Las mujeres sufren más discriminación
Otro resultado que arrojó la encuesta es que, si bien en Argentina hay más hombres con VIH que mujeres, son las mujeres con VIH las mayores víctimas de estigma, discriminación y violencia. “Hay 2,3 varones por cada mujer diagnosticada pero se sabe que las mujeres con VIH son mucho más estigmatizadas que los hombres. Y esta situación se agrava aún mas si son mujeres migrantes, de pueblos originarios o trans”, aseguró.
Para reflejar esta problemática, la encuesta contó con una sección específica dedicada al análisis sobre el impacto de la discriminación en las mujeres con VIH. Así, se concluyó en que las poblaciones con VIH más afectadas por el estigma, la discriminación y la violencia en todos los niveles son las mujeres trans (18%), las mujeres de pueblos originarios (54%) y las mujeres migrantes internas (48%).
Por otra parte, los prejuicios impactan particularmente sobre las mujeres jóvenes, reforzándose por su edad. En efecto, este es fue grupo etario que más dudó en realizarse la prueba por temor a la opinión de otras personas en caso de tener un resultado positivo (55%).
Se necesita una nueva Ley de VIH
Según contó Emir, “los resultados sirven para saber en qué hay que trabajar con más esfuerzo. Fue el puntapié inicial para que, con estos datos, podamos exigir al Estado más acciones para revertir lo que padecemos diariamente”.
Por ello, “al finalizar la encuesta se les consultó a las personas afectadas y asociaciones civiles que trabajan este tema, qué respuestas podemos pedir al Estado para solucionar esta problemática”, explicó.
Después de recabar y ordenar todos los datos obtenidos, desde la Red concluyeron que, “necesitamos una nueva Ley de VIH porque la que tenemos, si bien fue innovadora en los 90, actualmente está muy atrasada porque sólo permite acceder al tratamiento y a la confidencialidad, pero hay muchísimos más derechos que nos son vulnerados”.
Desterrando mitos y prejuicios
“Son necesarias más políticas públicas que combatan la ignorancia social que hay respecto al VIH”, aseguró Emir. En este sentido, subrayó que “todavía se piensa que quienes vivimos con el virus, somos trabajadores sexuales o gays y que tenemos pocas posibilidades de vivir”.
Sin embargo, “no tenemos ninguna incapacidad, sólo un virus en la sangre que lamentablemente despierta mucho miedo y estigmatización. Tampoco el VIH es determinante para algunos colectivos sociales, porque lo cierto es que cualquier persona con una vida sexualmente activa está expuesta al virus”.
Agenda 2030
Nuestro país adoptó la Agenda 2030 y firmó el pacto del 90-90-90 y cero discriminación. Esto quiere decir que, para ese año, el 90% de las personas con VIH deben ser diagnosticadas, ese 90% diagnosticado puedan acceder al tratamiento y ese 90% en tratamiento, tenga carga viral indetectable.
No obstante, “nos quedan nueve años y todavía estamos muy lejos de eso. Falta un montón de trabajo territorial para lograr el objetivo y para eso necesitamos del apoyo y contención de las autoridades nacionales y provinciales”, concluyó el coordinador nacional de RAJAP.
Acerca de la encuesta
La encuesta fue organizada por la Red Global de Personas con VIH y la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH. Fue una encuesta cerrada y se realizó en más de 30 países.
En Argentino, lo innovador fue que por primera vez en el mundo estuvo liderado por una red conformada por jóvenes. Se hizo en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y contó con el apoyo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida (ONUSIDA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
