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El Gobierno pondrá en valor la red de televisión digital terrestre

1 abril, 2021

El Gobierno nacional invertirá $450 millones para poner a punto la red de Televisión Digital Abierta (TDA), cuyo servicio quedó deteriorado por la falta de mantenimiento en las torres de transmisión que hasta el 2015 cubrían al 80% de la población.

“Con $450 millones ya previstos en el Plan Conectar, anunciado por el Presidente (Alberto Fernández), podemos volver a punto la red de TDA”, afirmó en diálogo con Télam el coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital, Gonzalo Carbajal.

La TDA es “el último servicio gratuito digital”, dijo por su parte a Télam el senador Alfredo Luenzo, titular de la comisión de comunicaciones del Senado, consultado sobre la valoración de la TDA cuando los canales de TV por aire pueden verse a través de internet.

“Hay muchos motivos para invertir en la Televisión Digital Argentina (TDA)”, sostuvo el subsecretario de Tecnologías de la Información, Martín Olmos, en diálogo con Télam.

“En primer lugar porque en su momento se invirtieron US$ 1.000 millones y sería un crimen desperdiciarlo por abandono, por no invertir en mantenimiento; y segundo porque permite llegar con un servicio de calidad gratuito a la población que no puede pagar un servicio de suscripción”, detalló Olmos.

Agregó como tercera razón para invertir en la TDA el “dividendo digital”, ya que “libera parte del espectro de una de las bandas que puede utilizarse para 5G”, en referencia a la banda de 600 megahertzs del espectro radioeléctrico.

La discusión sobre el uso del dividendo digital no está cerrada en el Gobierno, dado que también hay quienes promueven la ampliación de canales para la televisión digital para asegurar una diversidad de contenidos en la plataforma.

“Tener una televisión digital fuerte es el prerrequisito para apuntar al encendido digital”, afirmó Olmos, en referencia al apagado de las señales de TV analógicas.

El lanzamiento de la Televisión Digital Abierta fue en el 2010 y comenzó con la distribución de decodificadores -que permitían captar las señales digitales y verlas en un televisor analógico- entre la población de menores ingresos.

Posteriormente se estableció como norma que los televisores fabricados en el país deben incluir el sintonizador digital, lo que sigue vigente, según comentaron fabricantes de equipos en Tierra del Fuego.

La única ventana de incorporación de televisores sin sintonizador digital al parque de equipos en uso en el país ocurrió en el 2018, cuando autorizó la importación de unidades sin sintonizador.

 

El destino de las inversiones

La mayor parte de la inversión para la TDA prevista en el plan Conectar, junto con los anuncios de ampliación de la red de fibra óptica y la recuperación del plan satelital, corresponde a equipamiento como baterías, grupos electrógenos, aire acondicionados, transmisores, multiplexadores, y el encriptador de señales, según informaron a Télam desde Arsat, que administra la red de torres de la Televisión Digital Abierta.

La red cuenta con 92 antenas, de las cuales el martes pasado la TDA tenía 86 que estaban operativas, 10 con transmisión parcial y dos fuera de servicio.

En Arsat explicaron que las estaciones fuera de servicio son casos en los que recurrentemente tienen problemas en el servicio de energía, y que ante el mal funcionamiento de los grupos electrógenos o de las baterías (UPS), tanto el corte de electricidad como el regreso del servicio impactan directamente en los equipos de transmisión y los daña.

La licitación de grupos electrógenos, confirmaron en la Secretaría de Innovación Pública, ya entró en su etapa final, mientras para el segundo semestre se definirá la compra y mantenimiento de las baterías.

Ambos equipos son las barreras que impiden que el corte de luz o las variaciones de la tensión en la provisión del servicio eléctrico queme los equipos transmisores.

Según el relevamiento realizado por Arsat, el 60% del banco de baterías de la red de TDA no tuvo ningún mantenimiento después de 2015; y en muchos grupos electrógenos encontraron que el combustible tenía una “capa de melaza” por falta de aditivos para que se mantenga diluido, y que “todas las baterías de arranque de los grupos electrógenos están dañadas”.

También detectaron “equipamiento que quedó fuera de soporte de los fabricantes”, como por ejemplo lo equipos de compresión de las señales; así como el encriptador de señales que protege los derechos de todo el contenido que se transmite por la plataforma.

Explicaron que “en promedio la cobertura de la señal de la TDA llega a unos 60 km a la redonda de la torre”, por lo que se resolvió colocar antenas en las casas que quedan fuera del alcance, para que puedan acceder al servicio.

La importancia de la encriptación de las señales tiene que ver con la protección de los derechos de transmisión de los contenidos, especialmente con las señales satelitales, ya que el Arsat 1 ilumina Argentina, sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, sur de Bolivia y Chile.

SI la señal no está encriptada cualquier persona dentro de la zona iluminada por Arsat 1 podría acceder a la transmisión, aunque el administrador de la señal, por ejemplo la propia Radio y Televisión Argentina, haya pagado los derechos para transmitirlos.

“El equipo que encripta está obsoleto y fuera de la vida útil”, indicaron en la empresa.

Explicaron que en los casos que las antenas están en funcionamiento parcial, en general corresponde a que al menos uno de las cuatro unidades de potencia de los equipos transmisores está fuera de funcionamiento.

En cuanto a los aire acondicionados, explicaron que en cada gabinete (shelter) hay cuatro equipos de aire que trabajan de a pares para mantener la temperatura estable dentro de la unidad.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: ARSATComuniaciónTDATelevisión Digital Abierta
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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