La Cámara de Apelaciones de Misiones anuló la prisión preventiva de los dos policías investigados por el crimen del colono Reinaldo Andrade (37). De esta manera el expediente volverá al Juzgado de origen, Instrucción 3 de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco.
El juez deberá dictar una nueva resolución, atento a la sugerencia del alto cuerpo judicial. Casco podría reformular la preventiva e incluso ordenar, mientras tanto, la libertad de los imputados (de no existir riesgos procesales), trascendió. No obstante y de ser liberados, quedarían supeditados a la causa.
El miércoles 13 de noviembre de 2019 a las 18 Andrade murió de un balazo en la cabeza. Fue en una calle terrada de la Colonia Cristal de El Soberbio.
Según la versión policial, la víctima y otros dos hombres a bordo de un Gol Trend embistieron presuntamente en forma intencional a un auto particular donde viajaban dos efectivos de civil.
El vehículo donde circulaban un oficial y un cabo del Comando local, un Ford Focus, estaba persiguiendo al parecer a unos contrabandistas que se movilizaban en un Volkswagen Voyage, que se perdió de vista y nunca fue ubicado.
El policía que disparó habría referido que vio cuando le apuntaban desde el Gol con un arma y que por eso repelió la acción. Los peritos de Gendarmería (que intervino en el hecho por orden del juez Casco) incautaron un revólver calibre 38 y un pistolón cerca del auto de los civiles.
Andrade falleció en el hospital debido a la herida de arma de fuego en la cabeza, en tanto que sus dos acompañantes sufrieron lesiones leves por la supuesta colisión.
Qué sugirió la Cámara
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia entendió, entre otras cuestiones, que en el auto de prisión preventiva aún restaban agregarse resultados de pericias que pueden llegar a ser claves en la acusación.
Se trata de las conclusiones de los peritos de Gendarmería Nacional respecto a los análisis obtenidos en la escena del hecho. Esto incluye lo vinculado a balística y a la absorción atómica (residuos de pólvora en los involucrados).
En ese sentido se supo que está previsto que el Juzgado reciba dichos informes detallados en los próximos días. Ambos efectivos se encuentran imputados por el hecho.
El oficial está sospechado de ser el que apretó el gatillo y ocasionó la muerte de un tiro en la cabeza a la víctima. Es investigado por “homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad y agravado por el uso de arma de fuego”.
El cabo que lo acompañaba al momento del hecho fue imputado como “partícipe necesario en el delito de homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad agravado por el uso de arma de fuego”.
Al momento del hecho los involucrados, ambos de 23 años, se hallaban de franco. Las repercusiones tras conocerse el conmocionante caso fueron varias, entre ellas que Jefatura dispuso el cambio de la cúpula de la UR-VIII, con asiento en San Vicente, de donde dependían los efectivos detenidos (que fueron puestos en disponibilidad).
En su momento la defensa pidió el cambio de calificación a “homicidio en legítima defensa” o en subsidio “exceso en la legítima defensa”, delitos que contemplan el beneficio de la excarcelación.
Incluso el juez fue recusado. Ninguno de los planteos prosperó. Mientras tanto la familia de Andrade, que tenía dos hijos, sigue clamando por justicia y pide que la causa finalmente sea elevada a juicio.
