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Prorrogan prisión a policías acusados por robo de armas de un depósito judicial

26 marzo, 2021
INDAGATORIA. En el Juzgado de Instrucción 1 de Eldorado, el acusado optó por abstenerse de declarar por el caso.

INDAGATORIA. En el Juzgado de Instrucción 1 de Eldorado, el acusado optó por abstenerse de declarar por el caso.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE ELDORADO. Las armas sustraídas y vendidas eran pruebas y evidencias de expedientes penales.

Los dos suboficiales de la Policía de Misiones, detenidos desde marzo de 2019 como presuntos integrantes de una banda delictiva que robaba y vendía armas de depósitos judiciales provinciales, falsificaba y distribuía dinero, continuarán con prisión preventiva durante seis meses al igual que uno de sus supuestos cómplices.

La decisión la tomó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas durante las últimas horas, donde la causa que instruyó el juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, aguarda desde el 9 de febrero pasado que se fije en agenda la fecha para que sean juzgados los cuatro encartados, incluyendo a una mujer supeditada en libertad.

La prórroga fue firmada el 22 de marzo por los camaristas Manuel Alberto Jesús Moreira y los subrogantes (TOF de Corrientes) Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni y detalla que por la gravedad de los delitos que se les imputan “expendio y/o puesta en circulación de moneda falsa” (artículos 282 y 285 del Código Penal Argentino), “asociación ilícita” (210 del CPA) “posesión de elementos conocidamente destinados a cometer falsificaciones” (299 CPA), “confabulación (artículo 29 bis Ley 23.737), acopio y venta ilegal de armas de fuego sin autorización legal, agravada por realizarla de modo habitual” (89 bis y 4 CPA), “encubrimiento de contrabando de importación agravado” y por los delitos “sustracción de elementos destinados a servir de prueba ante autoridad competente (255 CPA) y “violación de los deberes de funcionario público” (248 CPA).

Para la acusación fiscal los suboficiales de 43 años y el presunto civil coautor de 48, realizaban actividades ilícitas, con epicentro en Eldorado pero también en ciudades aledañas con el objeto de obtener réditos económicos y con la activa participación de la procesada sin prisión preventiva.

Actualmente el Tribunal Federal se encuentra en etapa probatoria para debate, con un expediente de seis cuerpos o 1.800 fojas y por resolver 17 incidentes planteados.

Desde 2018

La investigación de las maniobras delictivas se inició en noviembre de 2018. Fueron investigadores de Gendarmería Nacional bajo las órdenes del juez federal Guerrero, quienes seguían los pasos de una presunta organización dedicada a múltiples delitos, principalmente tráfico de estupefacientes y falsificación de dinero en la Zona Norte misionera, pero con base en Eldorado.

Escuchas telefónicas, entrecruzamientos de mensajes, seguimientos encubiertos y rastreos de celulares, además de reconocimientos y ubicación de domicilios, derivaron el 22 de marzo de 2019 en nueve procedimientos en Eldorado, que permitieron la detención de los dos policías efectivos de servicio exclusivo en la seguridad del Tribunal Penal 1 y en los juzgados de Instrucción penal provinciales.

También las aprehensiones en distintos domicilios de una mujer y un hombre, este último con amplio prontuario delictivo, que se había afincado hace pocos meses en Eldorado proveniente de San Antonio y Bernardo de Irigoyen, donde según fuentes consultadas se lo conocía como “Beito”.

Se allanó además un depósito judicial, del que sin forzar puertas ni cerraduras, los dos policías provinciales habrían robado las armas y entregado a sus cómplices.

Tags: Depósito judicialEldoradoPolicías acusadosRobo de armas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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