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San Pablo, con récord de muertes y dos semanas de fuertes restricciones

16 marzo, 2021

Mientras persiste la tensión política y social en Brasil por los elevados números de muertes diarias por la pandemia de coronavirus y los colapsos sanitarios en varias ciudades producto, según la oposición, del errático manejo de la situación por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, San Pablo inició anoche dos semanas de restricciones severas, con toque de queda nocturno.

San Pablo, el mayor centro económico de América latina, empezó dos semanas de restricciones severas contra la pandemia, con toque de queda nocturno, en momentos en que las cifras marcaron un nuevo récord de muertes: 679 en las últimas 24 horas en el estado. La más alta cifra anterior había sido el viernes pasado, de 521 muertes, según la estatal agencia Brasil.

Con un promedio diario de 1.841 muertes en los últimos siete días, Brasil es el epicentro de la pandemia, con cuarentenas en todos los estados y colapsos hospitalarios en varias regiones, sobre todo en la región sur y en la frontera con la Argentina, y el cambio de ministro de Salud ejecutado ayer no parece presagiar cambios en las políticas del área.

“La política es del gobierno Bolsonaro, no del ministro de Salud; el ministro de Salud ejecuta la política del gobierno, vamos a buscar las soluciones, pero no hay una solución mágica”, advirtió hoy el flamante ministro, Marcelo Queiroga.

La orden que confina a los residentes paulistas en sus casas se inscribe dentro de la “fase de emergencia”, la más estricta, decretada el jueves por el gobernador Joao Doria para enfrentar el que definió como “el momento más crítico” de la pandemia, que ya dejó casi 280.000 muertos en el gigante latinoamericano, una cifra solo superada por Estados Unidos.

El cierre pareció cumplirse con obediencia, aunque hubo aglomeraciones en el transporte público, según la agencia de noticias AFP.

“Creo que todo sigue igual, el metro estaba como siempre”, dijo Elisa, de 33 años, quien salió temprano hacia la empresa de diseño en Pinheiros, en el oeste de la ciudad, donde hace trabajos de limpieza.

La gobernación ordenó que personas como ella, que no cumplen labores esenciales, se quedaran en casa para evitar contagios en momentos en que los hospitales se acercan al colapso: en el estado más rico de Brasil, donde viven 46,2 millones de habitantes, el 89% de las camas de terapia intensiva está ocupado.

Hasta fin de mes los parques y las playas estarán cerrados, los oficinistas deben trabajar a distancia y las autoridades pidieron reducir las clases al mínimo imprescindible, entre otras medidas.

“Yo tengo que venir a trabajar; si no vengo, los patrones simplemente me dirían: ‘andate’; como las cosas están difíciles, sigo aquí”, apuntó Elisa, cuyo nombre fue cambiado para evitar posibles represalias.

Sin salario, sería desalojada por no poder pagar el alquiler de su casa, donde vive con su hija adolescente, y si no va a la empresa, la despiden, contó.

En la zona comercial de Pinheiros, la mayoría de locales estuvo cerrada. Algunos restaurantes tuvieron las puertas entreabiertas, a la espera de iniciar los repartos a domicilio, su única fuente de ventas ante la prohibición de pedir para ir a buscar al local.

Por las vías de Jardim Paulista circulaba un número reducido de transeúntes. La actividad de esa zona residencial y empresarial estaba ayer en sus mínimos, contrariamente a otras zonas donde las restricciones no estaban siendo respetadas.

Entre el viernes y el domingo, cuando regía una fase menos estricta, las autoridades encontraron casi 200 locales infringiendo las restricciones.

San Pablo es el estado con más muertos (64.223), aunque en términos relativos está menos afectado que Rio de Janeiro, Amazonas o Brasilia.

Ayer, el gobernador Doria dejó planear la posibilidad de una cuarentena estricta en caso de que no haya resultados en la “fase de emergencia”.

Su otrora aliado Bolsonaro se opone a los cierres por su impacto económico, al tiempo que minimiza la pandemia y critica las vacunas.

La crisis sanitaria provocó ayer la salida del ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, quien fue reemplazado por el cardiólogo Queiroga, el cuarto titular del área desde que se inició la pandemia en Brasil, el 26 de febrero de 2020.

Queiroga hizo hoy declaraciones en el sentido de que ejecutará la política que decida el mandatario, lo que supone escasos cambios, aunque expreso que Bolsonaro “está preocupado” por la situación y “pensando en todo esto continuamente”.

“El ministro Pazuello ha trabajado arduamente para mejorar las condiciones sanitarias de Brasil y yo he sido convocado por el presidente Bolsonaro para dar continuidad a ese trabajo”, afirmó el nuevo ministro, según la agencia DPA.

Instó además a la “unidad nacional” para vencer al virus. “Vine para trabajar por Brasil con el resto de los ministros de Bolsonaro”, enfatizó.

El propio Bolsonaro, mientras, pidió a las organizaciones financieras internacionales más acciones para apoyar “de manera decisiva y coordinada” los esfuerzos de los países sudamericanos para abordar la pandemia, durante la VI Reunión Extraordinaria de Presidentes del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).

“La acción de los estados soberanos para mitigar los efectos nocivos de la Covid-19 en la economía y la sociedad ha demostrado ser decisiva. También hemos contado con el apoyo fundamental de instituciones crediticias internacionales aliadas a nuestra causa”, destacó Bolsonaro.

Fuente: Agencia de Noticias Télam 

Tags: coronavirusMuerteRécordrestriccionesSan Pablo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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