Los fuertes controles de cambios para cuidar los dólares del Banco Central no sólo afectan a los ahorristas (que no pueden comprar) y a las empresas que tienen deudas en el exterior.
En los últimos meses también los importadores están sufriendo las mayores restricciones para acceder al mercado cambiario. La consecuencia es un fuerte salto de los recursos de amparo para que sea la Justicia la que habilite la entrega de divisas, aún cuando desde el ministerio de Producción no hayan dado luz verde para autorizar la operación.
Fuentes de la Cámara de Importadores de la República Argentina indicaron que, desde marzo de 2020, más de 350 empresas recurrieron a la Justicia para obtener medidas cautelares que les permitan seguir operando. A febrero de 2021, más de 200 empresas ya han obtenido pronunciamientos favorables por parte de los Juzgados de Primera Instancia.
Por su parte, la Cámara de Apelaciones del Fuero ya confirmó numerosos pronunciamientos dictados por este Juzgado, lo que denota un entendimiento claro por parte de la Justicia de la operatoria que está llevando a cabo el Estado y la problemática de las empresas.
Se trata de una práctica que proliferó durante el gobierno de Cristina Kirchner, especialmente en el tramo final de su segundo mandato, y que ahora volvió con todo su furia.
El problema se concentra en aquellos productos que están en la lista de “licencias no automáticas”, que en realidad representan el grueso del volumen de las importaciones.
Tal como había sucedido en el anterior “cepo”, son los funcionarios de turno los que van decidiendo si abren o cierran las compuertas para importar, dependiendo a su vez del volumen de exportaciones.
A fin de año el Banco Central informó la decisión de frenar una lista de importaciones de productos finales y suntuarios por alrededor de 350 millones de dólares mensuales.
Pero, además, hay una larga lista de productos finales que no entraron en este listado y otros que son utilizados como materia prima, es decir al proceso de producción.
Los problemas para conseguir las autorizaciones se han multiplicado en ambos casos.
El ministerio de la Producción, a cargo de Matías Kulfas, le exige a las empresas que presenten una proyección sobre los dólares que precisarán a lo largo del año para realizar las importaciones. Es la manera que tiene el Gobierno para planificar el acceso al mercado cambiario y no verse desbordado por la demanda de divisas.
Al final será más caro
Además, la decisión de Economía de bajar el ritmo de aumento del dólar oficial, al 25% anual pese a que la inflación será mucho más alta en el año, tendrá como principal consecuencia una fuerte demanda adicional para importar, ya que los precios de los bienes quedarían más baratos medidos en dólares.
Los importadores apuntan a la Dirección de Gestión Comercial Externa, un area de Kulfas, donde –aseguran– se traban los trámites casi indefinidamente y sin ninguna explicación para los afectados.
A esa dependencia hay que presentar la proyección de importaciones y luego esperar que se libere la licencia no automática. Pero las demoras son cada vez mayores, generando pérdidas a las empresas.
Los amparos buscan acelerar los tiempos y obligar a los bancos a liberar las divisas, tal como sucedió sobre todo en 2015, durante la última parte del gobierno de Cristina.
El éxito del amparo depende luego del juzgado en el que cae, la calidad de la presentación del abogado y de otros factores, pero puede tardar entre 30 y 60 días.
Pero aún en caso de que resulte exitoso significa no sólo pérdida de tiempo y de recursos, sino también de dinero, representando una carga adicional del denominado “costo argentino”.
Además, muchas veces la mercadería queda retenida en el puerto, generando un “taxi” que implica el pago de elevados costos diarios. El perjuicio lo pagan también los consumidores porque esos mayores costos se cargan en el precio final.
Fuente: Infobae
