En Argentina, una mujer es asesinada en contexto de femicidio, en promedio, cada 30 horas. Detrás de esos números hay mujeres que en su gran mayoría se enfrentaron a un laberinto normativo y judicial que no las protegió, no les dio salida al sometimiento de violencia. Y terminaron encontrando la muerte como Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada esta semana por Matías Ezequiel Martínez (25) en la localidad bonaerense de Rojas.
En ese laberinto de burocracias y desapegos por las vidas humanas de muchos magistrados, funcionarios de todos los Poderes del Estado como de ciudadanos que fueron testigo de casos pero no se animaron a denunciar; aparecen falsas protecciones como las “perimentrales”, que nadie controla ni hace cumplir a los violentos.
Antes que más comisiones donde se sientan alrededor de una mesa a debatir, las víctimas de violencia necesitan que se fortalezcan medidas prácticas que les salven las vidas.
Para ello, debe haber empleados públicos comprometidos con el rol que se les asignó, capacitados, con recursos para actuar. Pero, especialmente, con una legislación y reglamentaciones capaces de agilizar los procedimientos.
Se requieren personas capaces de tomar muy en serio cada persona que -con la valentía que lleva un largo proceso para asumirla- va y denuncia el sometimiento físico y psicológico.
Sino, en Misiones como en el resto del país, seguiremos acordándonos de los femicidios en forma recurrente con cada nueva víctima que no sobreviva más de esas 30 horas de la fría estadística. Hace falta desandar el laberinto para que haya menos muertes.
