Acusado de tortura, un delito clasificado como “grave” que no amerita libertad bajo caución, Marín fue arrestado cuando se ocultaba en una mansión de su hermana en la ciudad sureña de Acapulco (estado de Guerrero), en el exclusivo barrio Cumbres de Figueroa, de donde fue trasladado a Cancún.
Marín, de 66 años, debió compartir la prisión con otro hombre de negocios de origen libanés, Jean Succar Kuri, al que también habría ayudado y que forma parte de la misma organización denunciada por Cacho en su libro “Los demonios del Edén”, informó la agencia de noticias ANSA.
Cacho, también activista a favor de los derechos de las mujeres, fue detenida ilegalmente en Cancún por policías de Puebla por órdenes de Marín, a solicitud de Kamel Nacif, un próspero empresario textil que se oculta actualmente en Libano y amigo de Succar Kuri.
La periodista, por cuyo libro fue acusada de difamación y calumnia, fue trasladada en un patrullero por casi 1.500 kilómetros, en un trayecto de 23 horas, durante los cuales fue sometida a torturas, pero al llegar a Puebla fue liberada rápidamente gracias al apoyo de abogados y amigos que se movilizaron a su favor.
Una grabación de audio difundida anónimamente de una conversación entre Marín y Nacif muestra cómo el entonces gobernador presume haberle puesto un “coscorrón” (golpe en la cabeza con los nudillos) a la periodista, a la que se refiere en términos ofensivos y la acusa de “hacerse la víctima”.
En abril de 2019, la magistrada María Elena Suárez ordenó la detención del exgobernador, surgido de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), y el empresario Kamel Nacif, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra Cacho en 2005.
El fiscal general, Alejandro Gertz, informó que solicitó a Interpol la emisión de una “ficha roja” para detener a Marín, buscado 194 países.
El caso de su secuestro y torturas llegó a la Suprema Corte en 2006, que ordenó formar una Comisión Investigadora, pero se abstuvo de señalar al ex gobernador como responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista.
La situación jurídica de Marín podría definirse entre las próximas 72 y 144 horas, informó el diario mexicano Milenio.
