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El Senado aprobó pliegos de jueces y defensores propuestos por el Gobierno

4 febrero, 2021
zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 30: El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brinda su informa de gestion ante la cámara de diputados. Foto NA: MARIANO SANCHEZzzzz

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 30: El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brinda su informa de gestion ante la cámara de diputados. Foto NA: MARIANO SANCHEZzzzz

El Senado aprobó hoy los pliegos de una quincena de jueces, camaristas y defensores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del juez que tuvo a su cargo la investigación del supuesto espionaje ilegal cometido durante el gobierno de Mauricio Macri, Alejo Ramos Padilla.

El juez Ramos Padilla, actualmente a cargo del juzgado federal de Dolores, se desempeñará en adelante en el juzgado federal de primera instancia número 1 de la ciudad de La Plata, de acuerdo a lo aprobado durante la sesión de hoy de la Cámara alta.

La oposición votó en contra de este nombramiento y se manifestó a favor en el resto de los nominados por el Gobierno, que recibieron 66 votos positivos.

En nombre del oficialismo, el senador Jorge Taiana (Frente de Todos-Buenos Aires) consideró que la designación del juez Ramos Padilla “es un acto de estricta justicia y en verdad un desagravio ante tantas falsedades”.

“Es un juez valiente que tuvo que soportar que un Presidente en ejercicio (por Mauricio Macri) dijera que había que sacarlo. Fue víctima de una campaña mediática y política de descalificación que tiene pocos antecedentes”, señaló en el recinto el legislador.

Para Taiana, “se habló de la filiación política” del nominado pero “no se ha recordado que su filiación política fue en la Unión Cívica Radical” y “se ha mencionado su parcialidad cuando fue el mejor calificado en el concurso”.

Desde la oposición, el senador Juan Carlos Romero denunció “contubernios políticos” y adelantó el rechazo a la designación de Ramos Padilla al sostener que se trata de “un juez militante y polémico” al que “se pretende nombrar en un juzgado tan importante como es electoral de la provincia de Buenos Aires”.

“Va a ser muy divertido seguir las alternativas que pueda emitir este juez en el presente año electoral. Se trata de un hombre que tuvo ocho denuncias ante el Consejo de la Magistratura y que armó ese invento (el espionaje Ilegal) que todavía nadie entiende”, recalcó el legislador sobre la causa en la que está procesado el fiscal federal Carlos Stornelli, en una medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Entre los candidatos que recibieron aval del Senado están además Ariel Fognini, Alejandro Pastorino, Mariana Kanefsck, Andrea Imatz y Ramiro Guiraldes para para los juzgados nacionales en lo civil 97, 29, 4, 6 y 90 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Poder Ejecutivo también propuso los ascensos de Nicolás Ossola, Verónica Vieito y Pedro Pugliese como defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación, del juzgado federal de Mercedes y de la Defensoría Pública de la Víctima de Neuquén.

Integran la nómina Luis Imas, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico de CABA; Silvia Mora, como jueza de Cámara del tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 10 de CABA; Mario Leal como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Ernesto Sebastián y Sebastian Foglia, como jueces de Cámara de Bahía Blanca; y Jorge Montoya como juez federal de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.

 

Fuente: Agencia de Noticias Télam. 

Tags: DefensoresJusticiaPliegos de juecesSenado de la Nación
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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